El Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) rechaza el Proyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS) que plantea el Gobierno central por poner en riesgo "el modelo sanitario catalán", vulnerar las competencias de la Generalitat y "generar inseguridad jurídica entre los proveedores".
Así lo explica este martes esta entidad pública que agrupa a ayuntamientos, diputaciones, consejos comarcales y entidades sanitarias y sociales públicas o privadas sin ánimo de lucro, en un comunicado en el cual expone sus críticas al enfoque de la ley propuesta por el Ministerio de Sanidad.
"No reconoce la singularidad del modelo catalán"
A juicio del CSC, la nueva norma "apuesta por priorizar la gestión pública directa y no reconoce adecuadamente la singularidad del modelo catalán, al equiparar a las entidades sin ánimo de lucro con operadores que buscan el beneficio económico".
El Consorci aboga por "preservar la colaboración público-privada, preferentemente con entidades sin ánimo de lucro, superando el carácter excepcional que actualmente le atribuye el proyecto de ley".
Defensa de la colaboración público-privada
En este sentido, recuerda que "el modelo catalán se caracteriza por la presencia destacada en la provisión de servicios de entidades privadas sin ánimo de lucro y de economía social y solidaria —asociaciones, fundaciones, mutualidades, instituciones religiosas, cooperativas y sociedades profesionales— surgidas del impulso de la sociedad civil, muchas de ellas con una larga trayectoria histórica y un fuerte arraigo en el territorio". Y añade que algunas de ellas están integradas en el Sistema Sanitari Integral d'Utilizació Pública de Catalunya (SISCAT), cuentan con una larga historia "y se han convertido en una pieza clave del desarrollo del sistema sanitario".
Según el CSC, este sistema se caracteriza "por la transparencia en la contratación de servicios en las diferentes líneas asistenciales (atención hospitalaria, atención primaria, atención intermedia y salud mental)" y por su evaluación.
"Vulnera el marco competencial"
A juicio del Consorci, el proyecto de Ley "vulnera el marco competencial vigente", que concede a la Generalitat "la competencia exclusiva en la organización y control de los servicios sanitarios". Y pide "rigor a los representantes políticos en la tramitación parlamentaria" de una ley que, insiste, "supone una injerencia en las competencias autonómicas y que promueve una homogeneización del sistema a nivel estatal que, lejos de mejorar su funcionamiento, puede distorsionar el modelo sanitario catalán y generar inseguridad jurídica entre los proveedores".
Por todo ello, el CSC se pronunció en la consulta pública abierta por el Ministerio de Sanidad en mayo de 2024 y presentó alegaciones al anteproyecto de ley el pasado febrero.