El 'exconseller' de Interior de la Generalitat de Cataluña, Joan Ignasi Elena (ERC)
El TSJC investiga al 'exconseller' de ERC Joan Ignasi Elena por presuntas adjudicaciones irregulares
El TSJC investiga contratos menores que el Ayuntamiento de Altafulla firmó entre 2017 y 2019 con la consultora Sinergia Energia Dret i Media Ambient SLP, en aquella época participada y administrada por el hoy diputado, por servicios de asesoramiento jurídico que habrían infringido la Ley de Contratos del Sector Público
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El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) investiga al exconseller de Interior de la Generalitat, Joan Ignasi Elena (ERC), en calidad de cooperador necesario de un presunto delito de prevaricación.
El caso en cuestión, que se investiga en el Tribunal Supremo, guarda relación con adjudicaciones del Ayuntamiento de Altafulla (Tarragona) concedidas durante el mandato de Félix Alonso como alcalde, en la actualidad diputado de Sumar-En Comú Podem en el Congreso.
Según ha adelantado El País y refleja el auto, la sala Civil y Penal del TSJC ha acordado asumir la competencia para la instrucción de una causa iniciada en la plaza 4 del Tribunal de Instancia de El Vendrell (Tarragona).
Empresa participada por Elena
En concreto, el TSJC investiga los contratos menores que el Ayuntamiento de Altafulla firmó entre 2017 y 2019 con la consultora Sinergia Energia Dret i Media Ambient SLP —participada y administrada por Elena— por servicios de asesoramiento jurídico, que habrían infringido la Ley de Contratos del Sector Público entonces vigente.
En esos años de consultoría, Elena no ejerció cargos públicos, aunque ya contaba con una larga trayectoria política a sus espaldas. Desde 1990 hasta 2015 había sido concejal de Vilanova i la Geltrú (Tarragona), municipio del cual fue alcalde desde 2005 a 2011. Y también diputado en el Parlament en dos etapas: de 1992 a 1995 y de 2012 a 2014, en aquellos tiempos, con el PSC. Posteriormente, de 2021 a 2024, fue conseller de Interior con ERC siendo presidente de la Generalitat Pere Aragonès, y a día de hoy sigue teniendo escaño en la Cámara catalana.
Indicios "sólidos"
El tribunal ve "indicios suficientemente sólidos de responsabilidad criminal en determinados procesos de contratación pública, en los que también pudieron participar como cooperadores presuntos" Elena y otra persona.
El auto sostiene de forma "provisional, presunta y meramente indiciaria" que el consistorio realizó contratos menores para evitar la licitación pública de estos servicios al haberse concertado los investigados en su propio interés y violentando los principios y las reglas en materia de contratación pública, que exigían una licitación pública basada en el respeto a la transparencia y al tratamiento igualitario entre los licitadores y candidatos.
Pago de 25.000 euros
Sinergia recibió por estos servicios 1.300 euros de forma mensual, emitiéndose 13 facturas con el concepto de asesoramiento, aunque fuera de contrato se habrían emitido nueve facturas más por igual importe por conceptos similares.
En total, la suma de las 22 facturas emitidas entre noviembre de 2017 y julio de 2019, pagadas por el Ayuntamiento de Altafulla a la mercantil de los investigados, ascienden a 25.046,67 euros, que superaron el precio del contrato que era de 15.600 euros.
Contratos menores
Asimismo, se investiga a la adjudicación a Sinergia, también mediante la figura del contrato menor, de los pliegos para la planificación del Casal municipal de La Violeta, por la que la consultora cobró 5.000 euros sin IVA, si bien "se trataba de una de las tareas que habitualmente eran realizadas por el personal municipal".
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El tribunal cree que se habría hecho un uso indebido de la prórroga y de la figura del contrato menor, que se habría actuado en contra de los informes desfavorables de la interventora municipal y en ausencia de los informes necesarios del secretario del Ayuntamiento, y que se habría contratado a empresas dirigidas por personas que "supuestamente mantienen una vinculación política estrecha con el partido del alcalde (Sumar-En Comú Podem)".
Diputado del Parlament y aforado
El TSJC sostiene que Elena no podía desconocer la normativa relativa a la contratación pública, tanto por su experiencia pública como profesional, pues además de ser abogado había sido alcalde de Vilanova i la Gertrú entre 2005 y 2011.
La resolución, firmada y notificada este miércoles, reconoce la competencia de la sala Civil y Penal, de acuerdo con el criterio expresado por la Fiscalía, para asumir la competencia, ya que Joan Ignasi Elena es hoy en día aforado al ser diputado en el Parlament.
