El presidente de la Generalitat Salvador Illa (i) y el presidente de la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, Xavier Trabado Farré (d), durante la firma de un acuerdo con la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya, a 21 de mayo de 2026, en Barcelona
El Govern pacta 250 millones para condonar la deuda energética a familias y una batería de medidas sociales
El acuerdo llega un día después de la aprobación de la Ley del Tercer Sector Social en el Parlament y en vísperas de que el ejecutivo apruebe sus primeros presupuestos
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El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el de la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya, Xavier Trabado, han firmado este jueves un acuerdo para condonar la deuda de facturas energéticas no pagadas entre 2022 y 2025, con el objetivo de proteger las familias vulnerables.
El acuerdo, oficializado este jueves en el Palau de la Generalitat y en el marco del convenio con Endesa, llega un día después de la aprobación de la Ley del Tercer Sector Social en el Parlament y en vísperas de que el ejecutivo apruebe sus primeras cuentas.
Más de 250 millones
La titular de Derechos Sociales e Inclusión, Mònica Martínez Bravo, ha aplaudido que, con esta medida, los presupuestos que el Consell Executiu aprueba mañana son "los más sociales de la historia de Cataluña". Además de la condonación de la deuda, también se incrementa en 9 millones de euros las ayudas de urgencia social para el pago de suministros, así como se impulsar el despliegue del Fondo de Atención Solidaria, pactado con los Comuns.
La consellera ha asegurado, asimismo, que el acuerdo "va en la misma línea" que la ley que se aprobó ayer en el Parlament, la cual da un marco de gobernanza y establece una relación entre las administraciones públicas y el tercer sector.
Por su parte, Trabado ha celebrado que el acuerdo contemple "más de 250 millones de euros", la mayoría dedicados directamente a la ciudadanía, y ha celebrado que sea la primera vez que se formaliza por escrito un acuerdo entre el Govern y el tercer sector en este tipo de políticas, recoge Europa Press.
La 'consellera' de Derechos Sociales, Mónica Martínez Bravo, interviene durante la firma de un acuerdo con la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya, a 21 de mayo de 2026, en Barcelona
Políticas de infancia
El pacto plasma la voluntad del Govern de reforzar ámbitos sociales fundamentales y reconocer al tercer sector como socio estratégico en el impulso de estas políticas.
Las políticas de infancia y adolescencia contarán con una inversión progresiva de hasta 75 millones entre 2026 y 2027, lo que deberá permitir ampliar las actividades extraescolares, reforzar el ocio de verano en el marco de la lucha contra la pobreza infantil, mejorar recursos residenciales para niños con trastornos de conducta y desplegar el Plan de Pobreza Infantil.
Educación infantil y sinhogarismo
Asimismo, se contempla reforzar con hasta 51 millones de euros para 2026 la educación 0-3, con la ampliación de la oferta pública y la gratuidad de I2, y para mejorar las becas comedor, así como destinar 25 millones anuales para el "despliegue efectivo" del Pacte Nacional de Salut Mental.
En el ámbito del sinhogarismo, se prevé destinar 35 millones de euros en 2026 y 40 millones en 2027 para reforzar las políticas de prevención y atención integral, así como construcción de servicios y equipamientos específicos.
Mejoras en el acceso a prestaciones
El acuerdo también establece un modelo estable de actualización del Indicador de Renta de Suficiencia de Catalunya (IRSC), índice de referencia para las prestaciones sociales, con el objetivo de recuperar gradualmente el poder adquisitivo perdido durante los 13 años de congelación (2010-2023). Para ello, se creará un grupo de trabajo entre Derechos Sociales y la Taula.
Además, se impulsa la ampliación de la reserva de vivienda social para personas y familias en situación de emergencia o exclusión, con atención prioritaria a personas con discapacidad, problemas de salud mental, adicciones, sinhogarismo y víctimas de violencia machista.
El pacto incorpora también "medidas para garantizar la sostenibilidad económica" de las entidades sociales, como la extensión progresiva de la equiparación salarial al conjunto de servicios financiados por los distintos departamentos de la Generalitat.
