El Govern y ERC firman este martes el acuerdo de presupuestos de la Generalitat, que garantizará la estabilidad hasta el final de la legislatura en Cataluña.
El president Salvador Illa y el líder de los republicanos Oriol Junqueras, cuya formación avaló este lunes por la noche su apoyo a las cuentas catalanas en su Consell Nacional extraordinario —donde la disidencia interna constató que, muy a su pesar, no tenía margen para enmendar a la dirección—, presentarán el acuerdo a primera hora de esta mañana en el Palau de la Generalitat.
Es el primer paso para que el Govern apruebe el proyecto presupuestario en un Consell Executiu previsto a tal efecto a finales de semana, y presentarlo en el Parlament para iniciar su tramitación.
Ello situará la votación final para principios de julio, cumpliendo así los plazos que ambos se dieron en marzo, cuando el Govern se vio obligado a recular por la falta de apoyos y pactó con ERC alcanzar un acuerdo antes del parón de verano.
Otro de los trámites —en este caso, una exigencia de los republicanos— era la celebración de una Comisión Bilateral entre gobiernos, que se celebrará mañana en Madrid, en la cual el Ejecutivo central avalará su implicación en el acuerdo, que satisface a ERC con concesiones menos significativas de lo esperado.
Tren orbital, inversiones y CZFB
Entre ellas, decisiva para desencallar las negociaciones en las últimas semanas, figura la inversión en el llamado tren orbital, un proyecto que Illa y Junqueras presentaron este lunes conjuntamente en Sant Sadurní d'Anoia, y que le costará al Gobierno central un total de 5.200 millones de euros. Aunque podría haber otras vías de financiación.
Esta nueva línea ferroviaria aprovechará infraestructuras ya existentes. Pero no verá la luz hasta, al menos, 2041, año en el que las partes calculan que la demanda de ERC de conectar Vilanova i la Geltrú y Mataró con las principales ciudades del Vallès sin pasar por Barcelona será una realidad.
Otros de los acuerdos es modificar la gobernanza del Consorcio de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), que pasará a ser mayoritariamente catalana —un 45% de la Generalitat, y un 15%, del Ayuntamiento de Barcelona—, asumir la gestión del litoralsin tutela del Estado, o la creación de una sociedad mercantil mixta que haga las veces del frustrado consorcio de inversiones, que no pudo aprobarse en el Congreso de los Diputados hace unos meses por el voto contrario de Junts.
Agencia Tributaria Catalana
Asimismo, el acuerdo prevé la inyección de 527 millones de euros a la Agencia Tributaria de Cataluña en los próximos tres años, que servirá para reforzar la plantilla de inspectores y redoblar la persecución del fraude fiscal mientras se concreta el nuevo modelo de financiación, que sigue siendo el horizonte del Govern, el Gobierno y ERC, aunque todavía lejano.
Se calcula, en este sentido, que el proyecto podría llegar en otoño a las Cortes Generales, donde también requerirá del apoyo de Junts, que por ahora lo considera insuficiente. Y, paralelamente, se trabaja en el traspaso de la totalidad del IRPF, que el Govern ha logrado, eso sí, despejar de las negociaciones por los presupuestos.
En apenas dos meses, ha pasado de ser una condición sine qua non de los republicanos a una cuestión que difícilmente podrán exigir en el futuro, pues estas cuentas se han diseñado expresamente para poderlas prorrogar durante los dos próximos ejercicios, como también asumen los Comuns, que también hablaron ayer de "presupuestos de legislatura".
Los Comuns, exigentes
En esta línea, pese a haber alcanzado un acuerdo presupuestario en marzo que, en buena parte del mismo, se mantiene igual, el partido de Jéssica Albiach y David Cid ha querido poner nuevas exigencias sobre la mesa. Concretamente, en materia de vivienda, desigualdad, transporte y educación, una cartera en plena crisis por la huelga de los docentes.
En esta materia, piden que el Govern presente una propuesta a los sindicatos —la consellera Esther Niubó se reunirá con ellos el miércoles en la mesa sectorial— que contemple mejoras en las retribuciones de los profesores. Y también en otras cuestiones, como la escuela inclusiva o la climatización de los centros, algo que se canalizará a través de los nuevos presupuestos.
Tras el encuentro de los equipos negociadores del partido con el Govern de este lunes, está previsto que ambos cierren un acuerdo en los próximos días para asegurar también su voto a las cuentas cuando lleguen al Parlament. Blindando, así, el apoyo de la mayoría progresista que facilitó la investidura de Illa y ahora empuja al president a agotar su mandato.
Semana de pleno
Tras un primer semestre de año muy complicado en Palau —con las bajas médicas del propio Illa, Niubó y de la consellera de Salud, Olga Pané, que sigue fuera de juego, o la crisis de Rodalies, con un maquinista fallecido en las vías—, el Govern enfrenta la semana de pleno con los deberes hechos, más allá de lo que previsiblemente opinará la oposición en la próxima sesión de control.
Para las derechas de PP y Vox, resultarán "intolerables" tanto las "cesiones de soberanía" como el "modelo de país" acordado entre el Ejecutivo y ERC; mientras que, para Junts y Aliança Catalana, la diana estará en los republicanos por "plegarse" ante el PSC, els del 155, pese a sus "reiterados incumplimientos".
En cualquier caso, los presupuestos ya están en marcha —los primeros desde 2023—, y la estabilidad que vino a traer Illa ya no sólo es una promesa, sino un acuerdo con el que pretende diseñar el futuro de Cataluña para, al menos, unos cuantos años.