Mònica Martínez-Bravo, 'consellera' de Derechos Sociales e Inclusión, en comisión parlamentaria el 4 de marzo de 2026
El Govern rompe con las fundaciones salpicadas por los pagos indebidos de la DGAIA
El Departamento de de Derechos Sociales, dirigido por Mónica Martínez Bravo, liquida un conflicto marcado por la sobrefacturación
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El Govern rompe con las fundaciones señaladas por los pagos indebidos en la DGAIA (Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia), encargadas de hacer el seguimiento de las prestaciones a los extutelados.
La consellera de Derechos Sociales e Inlcusión, Mónica Martínez Bravo, ha anunciado durante la mañana de este lunes que el Govern prescindirá de las fundaciones Resilis y Mercè Fontanilles e integrará el SEVAP (Servicio de Valoración y Seguimiento de las Personas Jóvenes Extuteladas) dentro del organigrama del departamento que dirige.
La reorganización se produce tras la detección de pagos indebidos en la antigua DGAIA, hoy transformada como DGPPIA (Dirección General de la Prevención y Protección a la Infancia).
Zanjar de la polémica
De este modo, el Govern busca separarse de la polémica donde se detectaron pagos indebidos por parte de las fundaciones Resilis y Mercè Fontanilles, que han facturado más de 350 millones de euros durante la última década por parte de la conselleria.
La auditoría externa que se encargó por los pagos indebidos reflejó que no había fraude, pero sí demostró que la UTE de Mercè Fontanilles y Resilis estuvo dando ayudas a los extutelados sin realizar ningún seguimiento posterior.
Estructura reforzada
La nueva dirección general contará con una estructura reforzada y mayor capacidad control interno.
Entre las principales novedades figura la puesta en marcha de 11 nuevas unidades de mando y la creación de un comité de dirección propio dependiente directamente del nuevo director general. También se habilitarán nuevas oficinas y un servicio específico encargado de revisar protocolos y realizar el seguimiento de incidencias.
No más licitaciones
Martínez Bravo ha anunciado este lunes que el Govern no volverá a licitar la gestión de las prestaciones para jóvenes extutelados a partir del 31 de diciembre de este año, por lo que la Generalitat asumirá directamente este servicio.
Ha defendido que la licitación del seguimiento económico de estos jóvenes “deja de tener sentido” gracias al nuevo sistema de control y cruce de datos con la Seguridad Social.
Reducción de la sobreocupación
El director general de la DGPPIA, Josep Muñoz, ha afirmado que el departamento está pasando de una “gestión reactiva a una gestión pública exigente y orientada a resultados”.
El secretario general de Derechos Sociales e Inclusión, Raúl Moreno, ha destacado que la sobreocupación en los centros de atención se ha reducido un 55% y que la situación se encuentra actualmente “estabilizada”.
Incremento de personal
La consellera ha presentado un notable aumento de plantilla en el área de protección a la infancia y adolescencia. Se incorporarán 243 nuevos profesionales, 108 de ellos durante 2026 y los 135 restantes a lo largo de 2027.
A este refuerzo se sumará una ampliación adicional de 60 profesionales, lo que permitirá incrementar en un 17% los efectivos actuales del sistema.
![Sede de la DGAIA en Barcelona](["https:\/\/a2.elespanol.com\/cronicaglobal\/2023\/05\/26\/empresas\/766683447_8017735_320x240.jpg"])
Martínez Bravo ha celebrado que esta sea "la ampliación más grande de capacidad humana, técnica y operativa en el área de protección a la infancia en la última década".
