Visita del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y la consejera de Derechos Sociales e Inclusión, Mònica Martínez Bravo, a una residencia de personas mayores
El Govern pacta con las patronales la equiparación salarial de los servicios sociales
Illa anuncia una inversión de 600 millones en cuatro años contra la brecha salarial que pesa sobre 120.000 profesionales
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600 millones de euros. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciado una inversión de 150 kilos anuales durante cuatro años para reducir, con el compromiso de las patronales, la brecha salarial que lastra las condiciones laborales del sector de los servicios sociales.
Los profesionales de residencias de ancianos y centros de atención a personas con discapacidad, a la infancia, a la salud mental y contra la drogodependencia cobran 18.402 euros de media. Para lograr la equiparación con respecto a otras actividades dedicadas a la salud, sus nóminas deben crecer un 37%.
120.000 profesionales
El jefe del Govern firmará la tarde de este miércoles un acuerdo con sindicatos y representantes de las empresas que prestan dichos servicios para dotarse de un nuevo sistema de tarifas que hará subir los salarios de 120.000 empleados, de acuerdo con los planes de Derechos Sociales e Inclusión.
"No se hará en un año, pero existe el un compromiso de equiparar progresivamente la retribución de aquellos que atienden y curan a las personas que necesitan ser atendidas y curadas con la de otros profesionales del ámbito de la salud", ha explicado Illa en su visita al Centro de Atención Primaria (CAP) Vic Sud.
Salvador Illa, presidente de la Generalitat, en su visita al CAP Vic Sud el 6 de mayo de 2026
Para el dirigente socialista, "había una diferencia perfectamente diagnosticada que hacía insostenible la situación". Fuentes del departamento que comanda Mònica Martínez Bravo lamentan la pérdida de poder adquisitivo de un sector tan sensible, lo que genera una importante fuga de personal hacia otros servicios.
"Si no retenemos el talento y la experiencia, si no pagamos bien, ni atraemos personal, no podremos prestarle la atención que merece al envejecimiento de la población", insisten las mismas voces, que hablan de "justicia social".
Nuevo sistema de incentivos
El nuevo sistema de tarifas incentiva los incrementos salariales al vincular el esfuerzo de las empresas por la mejora de las condiciones laborales a la aportación de recursos por parte de la Generalitat. "Pagaremos más a los centros que paguen más a sus profesionales", resumen desde la conselleria.
De esta manera, los centros que mantengan por debajo de los 19.600 el sueldo medio de sus empleados, la administración actualizará su tarifa tan solo al aumento del IPC.
La consejera Mònica Martínez Bravo y el presidente Salvador Illa conversan con usuarios del CAP Vic Sud en su visita al centro ambulatorio
Las residencias de ancianos que paguen hasta 21.000 euros anuales, la aportación pública crecerá un 6,38%; y las que mejoren aún más la retribución media de la plantilla, el departamento las recompensará con un incremento del 8,14% en la tarifa.
Si bien el baremo mínimo es el mismo sobre todos los tipos de servicios, será más exigente para los que implican un mayor grado de especialización. Es el caso de los centros de atención para personas con discapacidad --24.400 euros--, a la infancia --28.700-- y a la salud mental y drogodependencias --29.500--.
Comisión de seguimiento
Las previsiones de este modelo calculan que entre el 65 y el 70% de los centros pagarán por encima de los 19.000 euros anuales. Asimismo, menos del 15% lo hará por debajo y entre el 20 y el 25% lo harán en la horquilla más alta. Todo ello hará aumentar sensiblemente el salario medio anual.
Pese a contar con el compromiso de las empresas y de que estas deberán acreditar las mejoras con auditorías y certificaciones, la conselleria pondrá en marcha una comisión de seguimiento para aplicar correcciones en caso de que estas no mejoren lo suficiente las condiciones de sus plantillas.
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No obstante, los técnicos anticipan que el propio sistema empujará a los centros a que apliquen incrementos para evitar la marcha de sus empleados a otros centros con mejores sueldos. Las primeras mejoras podrían concretarse en las nóminas de este mismo mes de mayo y la equiparación salarial debería completarse en 2030.
