El micropuelo de Bescaran, en Lleida
Cataluña atiende la "demanda histórica" de los pueblos y simplifica su urbanismo
El Govern pone a disposición de los municipios rurales procedimientos más ágiles y recursos técnicos para rehabilitar masías y edificar vivienda nueva en su casco urbano
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El Govern de la Generalitat ha aprobado en el Consell Executiu de este martes la creación de nuevas herramientas que simplificarán sobremanera los trámites urbanísticos de los 580 municipios catalanes de comarcas rurales que tienen menos de 2.000 habitantes.
Se trata de "una demanda histórica", ha reivindicado la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, incidiendo en que, hasta ahora, tanto una gran ciudad con un fuerte despliegue técnico como una pequeñad localidad debían cumplir con los mismos requisitos, establecidos en el Plan de Ordenación Urbanística Municipal (POUM).
Dos nuevas figuras
Más de la mitad de los pueblos rurales aprobaron su último planeamiento urbanístico hace más de 20 años, por lo que lo tienen desactualizado y no pueden actuar sobre suelo urbano. Es decir, no pueden rehabilitar masías o edificar nuevas viviendas.
Para resolverlo, este nuevo decreto ley habilita dos nuevas figuras para no pasar por el farragoso POUM. Por un lado, las localidades que no quieran crecer más allá del núcleo urbano, sino dentro de sus límites, podrán aprobar por sí mismos normas de planeamiento, e incluso pedir a la Generalitat que se las redacte.
Por otro lado, el Govern crea un POUM rural para los municipios que apuesten por un crecimiento moderado. Esta vía, si bien es más exigente y sigue la misma tramitación que el procedimiento habitual, está sujeto a una evaluación ambiental simplificada.
Agilizar la tramitación ambiental
La aprobación ambiental es, de hecho, la gran piedra en el zapato del urbanismo catalán. Tras años de insistencia, los alcaldes tendrán a su alcance un trámite más sencillo y con menor carga burocrática que reducirá sensiblemente los plazos.
"No es razonable que la tramitación urbanística se demore, por ejemplo, 11 años", reconocen las mismas voces de Presidencia. Y aunque aclaran que serán las características de cada municipio las que determinen cuánto pueden agilizarse los procedimientos, en algunos casos podrían reducirse hasta los dos años.
De la misma manera, la Generalitat habilitará como medios propios las empresas públicas Infraestructures.cat y L'Energètica, a cambio de una participación que, en el caso de la primera, es de 60 euros.
La portavoz del Govern y consejera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque / EFE
También en suelo no urbanizable
Asimismo, el texto habilita un inventario de construcciones rurales que no entran en el catálogo actual de masías y casas rurales, como establos o casetas de herramientas, normalmente ubicadas en suelo no urbanizable, lo que impide actuar sobre ellas.
A partir de ahora, el pleno municipal podrá aprobar --con el informe preceptivo de la administración catalana-- que se destinen a usos residenciales, sociales o actividades artísticas, entre otras. También ampliaciones de hasta 150 metros cuadrados.
De la misma manera, aquellos asentamientos rurales con una antigüedad acreditada de más de un siglo podran recibir la licencia para rehabilitar sus construcciones, ampliarlas o dividirlas horizontalmente.
El consejero de la Presidencia, Albert Dalmau, junto a la secretaria general Eva Giménez, cuyo departamento ha pilotado el decreto ley de medidas urgentes en el ámbito urbanístico
Convalidación en el Parlament
El decreto ley de medidas urgentes, que deberá convalidarse en el Parlament en el plazo de un mes, supone el despliegue parcial del Estatut de Municipis Rurals. Esta, la primera ley de la legislatura, logró el voto a favor de todos los grupos, a excepción de Vox, por lo que el Govern da por garantizado el apoyo de la Cámara.
Fuentes del Departamento de Presidencia aseguran que "los alcaldes se quejaban en distintos foros de la complejidad de trabajar el urbanismo de sus municipios", y ensalzan el consenso que la misión genera en ayuntamientos y entidades municipalistas.
De hecho, Paneque ha insistido en el "origen municipalista" del decreto ley, que nace de "la interlocución con asociaciones municipalistas, que representan un amplio espectro político". "Entiendo que esta petición contará con un consenso amplio", ha agregado, valorando la posibilidad de recoger las aportaciones de los grupos mediante una tramitación como proyecto de ley.
En paralelo, queda pendiente el desarrollo del Incasòl rural para promover la construcción de vivienda en este tipo de mmunicipios y la mejora de caminos rurales, ha enumerado la consellera de Territorio.
