La Audiencia Provincial de Barcelona ha desestimado el recurso de apelación presentado por la defensa de la exconsellera de Salud de la Generalitat, Alba Vergés (ERC), y otros dos investigados contra la apertura de juicio oral por el retraso en la vacunación contra el Covid-19 de policías nacionales y guardias civiles en Cataluña.
El tribunal aprecia en su auto "indicios de criminalidad" en la actuación de Vergés, y en la propia organización de la conselleria de Salud, en la cual los cinco investigados tenían la máxima autoridad y eran los máximos responsables de las decisiones.
Los sindicatos policiales Jucil y Jupol denunciaron lo ocurrido ante el juez, exponiendo que los agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional que prestaban sus servicios en Cataluña se habían visto discriminados en la gestión de la vacunación de la Covid-19 al paralizar la Generalitat el proceso de vacunación de dichos efectivos.
Mensaje de WhatsApp
Los denunciantes argumentan que Vergés dio instrucciones en marzo de 2021 a los responsables de Salud Pública, a través de una miembro de su gabinete en un mensaje de WhatsApp, para detener la vacunación a policías nacionales y guardias civiles.
De dichas conversaciones se desprende que Vergés no sólo "conocía lo que estaba ocurriendo, sino que participaba de esa decisión". Y recuerdan que, después de que un auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) obligara a rectificarla, entre los días 3 y 5 de mayo de 2021 se vacunó a más de 4.800 policías y guardias civiles.
"En pocos días se había cumplido un plan de vacunación hasta el momento ralentizado a mínimos para los agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, circunstancias que se avienen mal con las reticencias y paralizaciones por parte del Departament de Salut", que en aquel momento encabezaba Vergés.