El Parlament, con los votos de PSC, Junts y ERC, recurre la sentencia que rebajó el nivel de catalán exigido a los chóferes

El Parlament de Cataluña presentará un recurso de casación contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que rebajó la exigencia del nivel B2 de lengua catalana para poder acceder a las plazas de chófer del Cámara.

Así lo ha anunciado su presidente, Josep Rull (Junts), quien considera que el Parlament se ha adecuado a la ley en los procesos de selección y ha cargado contra el Poder Judicial, acusándole de dictar una "sentencia que tiene más elementos políticos que jurídicos".

Unanimidad de PSC, Junts y ERC en la Mesa

La Mesa del Parlament, integrada por tres diputados del PSC, dos de ERC y dos de Junts —uno de ellos, el propio Rull—, ha acordado por unanimidad la presentación del recurso contra la sentencia judicial apenas un día después de haber recibido la notificación del juzgado.

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Los dirigentes de la Cámara autonómica, asimismo, interpretan que el actual proceso selectivo "ya ha finalizado" y "no se ve afectado" por el pronunciamiento de la justicia. "Los aspirantes que han obtenido plaza ya han sido nombrados", señala el Parlament en un comunicado en su página web, esgrimiendo que, aunque el TSJC ha declarado la nulidad de base de la convocatoria, "no hace ningún pronunciamiento sobre los eventuales efectos en el proceso selectivo".

La justicia rebaja la exigencia idiomática al B1

Los jueces, sin embargo, consideran que, por el tipo de trabajo, basta con demandar un nivel de catalán más básico. Concretamente, el B1, uno por debajo del B2 que el Parlament exigió en su convocatoria, de julio de 2024 para cubrir dos plazas de chófer.

Rull —condenado por sedición en el procés en 2019, indultado dos años después, y beneficiario de la Ley de Amnistía—, en cambio, cree que hay una categoría específica de chóferes de representación a los que "se les debe exigir este nivel un poco más avanzado de catalán".

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"Vulneración" del acceso a la función pública por parte de la Cámara

Una opinión que no coincide con el criterio del TSJC, para el cual la exigencia del B2 para un puesto como el de chófer "comporta una vulneración" del derecho fundamental de acceso a la función pública. Y se remite al convenio colectivo de personal laboral de la Generalitat, que para la función de conductor exige el nivel elemental de catalán, no el intermedio.

En declaraciones a la prensa en el despacho de audiencias del Parlament, Rull ha calificado esta sentencia como "una muy mala noticia" para la Cámara catalana y "para el conjunto del país", según sus palabras. A su modo de ver, "puede afectar al Govern de la Generalitat" al "abrir una vía" que genera "una inseguridad extraordinaria".

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En paralelo, el Parlament modificará el Estatuto del Régimen y el Gobierno Interiores (ERGI) "para dar más solidez" a su posición en esta cuestión, según el mandatario posconvergente, que ahora prevé reunirse con el conseller de Política Lingüística del Govern, Francesc Xavier Vila.

Las bases de la convocatoria, anuladas

La sentencia, cuya comunicación oficial llegó ayer al Parlament, se produjo a raíz de una petición de la entidad constitucionalista Convivencia Cívica Catalana, que pidió anular las bases de dicha convocatoria de plazas de conductores de vehículos oficiales donde viajan altos cargos.

Fuentes parlamentarias creen que esta resolución no afectará a nivel operativo, ya que el proceso de selección al que hace referencia ya se ha cerrado y todas las personas que optaron a la plaza tenían el nivel B2 de catalán que exigía la Cámara. Y, al igual que Rull, expresan su preocupación por futuras sentencias en el mismo sentido.