Lo primero que ha hecho Salvador Illa en su regreso al Palau de la Generalitat este lunes ha sido sumar un esfuerzo más a la lucha contra el drama de la vivienda. Toda una declaración de intenciones después de 30 días de baja médica por una infección ósea que le obligó a frenar en seco su actividad.
El president no ha escondido su "ilusión" por la temática del acto con el que ha reanudado su agenda, después de una declaración institucional en la que ha asegurado ser "plenamente consciente de lo que ha vivido Cataluña" durante su ausencia, con la peor crisis de Rodalies, dos temporales y varias huelgas.
Frente al presidente de la Conferencia Episcopal Tarraconense, Joan Planellas, otros cargos religiosos y los consellers de Territorio, Sílvia Paneque, y de Justicia, Ramon Espadaler, Illa ha elevado a "misión de país" garantizar el acceso a la vivienda. Y se ha congratulado de contar con la complicidad de la Iglesia en Cataluña.
Él y Planellas han firmado un protocolo por el que la comunidad eclesiástica se compromete a revisar sus propiedades para poner una parte a disposición del parque público de vivienda. De hecho, el socialista ha destacado la "capilaridad" de las diócesis catalanas en el territorio, con 2.000 parroquias en 850 municipios.
Gesto pionero de "política humanista"
Un gesto que, "pionero" en España e inspirado en una política puesta en marcha en Malta según ha explicado Illa, implica incorporar también "patrimonio moral", un ejemplo de la política humanista que ha defendido solo unas horas antes, en el discurso de su reincorporación.
El Govern y la Conferencia Episcopal Tarraconense formarán un grupo de trabajo con cinco miembros designados por cada uno que se reunirán una vez al semestre. Identificarán rectorías, edificios, pisos y solares de la Iglesia con las condiciones adecuadas para incluirlos en el mercado residencial de tipo social.
Así, la Administración catalana podrá contar con dichos bienes durante un periodo de hasta 99 años, un plazo que se negociará convenio a convenio.
La Generalitat se ocupará de las gestiones necesarias para cambios de usos, de las obras de rehabilitación y de la gestión de las viviendas sociales, mientras que las diócesis deberán iniciar un inventario de las propiedades que pondrán a disposición del Govern.
Un 'win-win'
El acuerdo con las diócesis catalanas es una ganancia segura también para la comunidad religiosa. Planellas ha destacado que la Iglesia tiene "determinados bienes que debe intentar sacar adelante, a veces sin financiación", y ha celebrado el pacto para contribuir al acceso a vivienda con esos bienes.
Ha subrayado que este acuerdo pone "un grano de arena" para solucionar el déficit de inmuebles, y ha destacado la finalidad pública de la Iglesia y su unanimidad para impulsar este acuerdo.
"También quería dar este mensaje: en vez de hacer una política polarizada, tendríamos que sumar, tendríamos que unir. Y el tema de la vivienda es un tema de país, no un tema meramente del Govern. Por tanto, tenemos que sumar, no restar", ha concluido.
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa (i), y el presidente de la Conferència Episcopal Tarraconense, Joan Planellas (d), durante la firma del acuerdo de cesión de vivienda social
Espantar fantasmas
La alianza se produce después de que este fin de semana el Ejecutivo socialista haya publicado los informes que avalan la prohibición de la compra especulativa de vivienda, siendo la principal exigencia de los Comunes, quienes ya negocian los presupuestos de 2026.
Precisamente, Illa ha aprovechado la firma del protocolo para avanzar que habrá "noticias en los próximos días". "La voluntad del Govern es ir con todo en materia de vivienda; con los pies en el suelo, sin hacer castillos en el aire, sino haciendo planteamientos ambiciosos pero viables y realizables", ha añadido.
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, durante la firma del acuerdo de cesión de vivienda social, en el Palau de la Generalitat, a 16 de febrero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España)
Contra la compra especulativa
Ha aseverado que su equipo sigue "estudiando medidas", y ha querido espantar los fantasmas que genera esta tan controvertida cuestión: "No quiere decir que pongamos en riesgo ni en discusión la propiedad privada, sino que hay una función social de la propiedad privada que es el acceso a la vivienda y se debe preservar".
Según uno de los citados informes que analiza la constitucionalidad de la medida, las comunidades autónomas "están constitucionalmente legitimadas para establecer limitaciones a los derechos de propiedad privada" usando normas e instrumentos propios del derecho administrativo.
Ello, a pesar de la oposición de agentes económicos y parte del mundo jurídico, de la que dio cuenta este medio.