Cartel de se vende en el balcón de una vivienda

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Política

Los informes encargados por el Govern avalan prohibir la compra especulativa de vivienda

El Ejecutivo de Salvador Illa pidió un estudio a expertos juristas en el marco de sus negociaciones con los Comuns, que exigen una ley propia a cambio de apoyar los presupuestos de la Generalitat de 2026

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El Govern ha dado a conocer este sábado cuatro informes de expertos juristas que avalan la prohibición de la compra especulativa de vivienda, una condición imprescindible para que los Comuns den su apoyo a los presupuestos de la Generalitat de 2026, que ambas formaciones ya negocian. 

El ejecutivo de Salvador Illa y el partido de Jéssica Albiach pusieron en marcha en noviembre un grupo de trabajo conjunto con expertos para analizar qué medidas se pueden tomar en este ámbito, en el que participaron el exmagistrado del Tribunal Constitucional Carles Viver i Pi-Sunyer y los expertos en urbanismo, vivienda y derecho Rosa Fornas, Fuentsanta Alcalá, Pablo Feu y Jaime Palomera.

"Legitimidad constitucional"

Uno de los escritos, titulado "Informe sobre la constitucionalidad de las intervenciones del derecho administrativo en referencia a la limitación del derecho de propiedad", señala que, en virtud del principio de concurrencia competencial, las comunidades autónomas "están constitucionalmente legitimadas para establecer limitaciones a los derechos de propiedad privada" usando normas e instrumentos propios del derecho administrativo para regular no solo relaciones entre particulares y administraciones, sino también entre particulares.

Asimismo, el "Informe sobre la viabilidad jurídica de intervenir en el mercado inmobiliario para limitar las adquisiciones de vivienda para destinarlos a la residencia habitual propia", concluye que la especulación en materia de vivienda, de la que alertan las resoluciones del Parlamento Europeo, "justifica la necesidad perentoria de intervención de los poderes públicos para revertir la situación y evitar la especulación, por mandato expreso del artículo 47 de la Constitución".

Controversia

Este paso, que busca legitimar al Govern para redactar un proyecto de ley y debatirlo en el Parlament, se enmarca en la determinación de los socialistas en esta materia. Por convicción o por necesidad, Illa ha recordado desde el principio de la legislatura que no le "temblarán las piernas" para garantizar el derecho a la vivienda.

En esta línea ha impulsado varias medidas como, posiblemente la más relevante, la construcción de 200.000 pisos entre 2025 y 2030. Pero la limitación legal a la compra de viviendas es sin duda la que más controversia genera.

Primero porque el sector empresarial rechaza mayoritariamente esta propuesta y en segundo lugar porque, pese a los informes --precisamente por eso se encargaron--, sigue habiendo muchas dudas sobre la capacidad legal de la Generalitat para poderlo llevar a cabo esta medida inédita en España.