Junts sabe que la regularización extraordinaria de medio millón de personas aprobada el pasado martes en el Consejo de Ministros tiene el objetivo de desencallar la delegación de la gestión de las competencias de inmigración a la Generalitat. Por eso sus dirigentes no han puesto el grito en el cielo, como hubieran hecho en otras circunstancias.
La jugada del Gobierno ha sido clara: satisfacer la principal exigencia de Podemos en la materia --sin pasar por el Congreso ni obligar a la derecha independentista a pronunciarse-- para conseguir su apoyo a que el Govern catalán gestione íntegramente la inmigración y el control de fronteras.
Una medida que debe aprobarse con mayoría absoluta a través de una ley orgánica y que necesita los votos de la formación morada. Que ya tumbó el traspaso el año pasado al considerar "racista" el preámbulo de la propuesta, y condicionarlo a otras carpetas como la ya aprobada regularización.
Negociación con Podemos
En este escenario, pues, está prevista una negociación entre Junts y Podemos para articular otro texto que cuente con el visto bueno de la Cámara y que sirva al PSOE para satisfacer al partido de Carles Puigdemont, que rompió con los socialistas en otoño acusándoles de incumplir sus acuerdos.
Los posconvergentes descartan cambiar el articulado de la proposición de ley presentada junto al PSOE en marzo de 2025, pero aceptan reformular su preámbulo, que insinuaba que la inmigración era un "desafío" para la seguridad y propone un modelo "ordenado, regular y seguro".
Este era el principal obstáculo para la diputada Ione Belarra, aunque hay otros puntos que separan a ambos partidos. Como el relativo a los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIEs), que Podemos quiere cerrar y Junts, controlar desde la Generalitat, aunque solo haya uno en Cataluña.
Facción 'izquierdista' de Junts
En cualquier caso, Junts no tendrá otra que rebajar el tono de un texto que ya fue impulsado por la facción izquierdista del partido con el objetivo de no incomodar a la mayoría de investidura de Sánchez que podría aprobar el traspaso, pues PP y Vox lo rechazaron desde el principio.
El propio preámbulo fue redactado, según ha podido saber este medio, por el diputado Agustí Colomines: veterano historiador, profesor universitario e impulsor de MESCat, una formación que integra a los independentistas que también se consideran socialistas, dentro de Junts.
Àngel Colom y Èric Bertran
Colomines es uno de los tres líderes del partido, junto al exsecretario general de ERC Àngel Colom y el activista Èric Bertran, que recuperan su influencia en Puigdemont una vez el traspaso de competencias vuelve a ser posible.
Distanciándose, con ello, de Aliança Catalana, con cuyos postulados han coqueteado desde que fracasó el primer intento de traspaso en el Congreso. En Junts se sienten preparados para reivindicar, frente al rupturismo extremo de Sílvia Orriols, que su "presión" en Madrid ha surtido efecto.
'Pla 8 milions'
Desde esa izquierda --principalmente Colom y Beltran-- también se imponen a la hora de diseñar la política migratoria oficial del partido.
Colom, histórico líder independentista e implicado en el llamado Caso Palau, preside el Consell Assessor d'Inmigració, formado por expertos, alcaldes y diputados --entre ellos, Colomines--. Un órgano interno que fija el rumbo ideológico del partido, al que, aseguran, "Puigdemont presta mucha atención".
Y Beltran, conocido por haber sido acusado de realizar amenazas terroristas a varias empresas por rotular en castellano, redacta de la mano de la concejal en Barcelona Victòria Alsina el llamado Pla 8 milions. Una propuesta migratoria concreta que Junts iba a presentar en febrero y queda finalmente pospuesta de cara a abril.
Alcaldes 'rebeldes'
Fuentes internas detallan que el plan irá enfocado a la necesidad de "mejorar servicios públicos para adecuarnos a la nueva realidad demográfica". Con la idea de "integrar bien a los que ya están aquí antes de recibir más inmigrantes", pero sin limitaciones de ningún tipo previstas.
El consenso interno es relativamente amplio, aunque algunos líderes de Junts apuntan en privado que el partido debería impulsar una línea "más dura". En sintonía con los alcaldes rebeldes, que han pedido a Jordi Turull tener más libertad de actuación, y a quienes el secretario general compensó con la ley de multirreincidencia, aprobada en el Congreso.
Todos los esfuerzos se enfocan, pues, en acordar el traspaso de la gestión de extranjería para el que el Govern asegura estar preparado. Y confían, como con los trenes o la Hacienda, en que la gestión catalana de la cartera desinflará a Orriols. Una figura que, en cualquier caso, no todos consideran del todo extremista.