La Iglesia catalana y la Generalitat han oficializado un acuerdo para la cesión de inmuebles eclesiásticos en desuso o infrautilizados con el objetivo de convertirlos en vivienda social.
El objetivo central de este pacto sin precedentes es transformar antiguos conventos, rectorías y edificios parroquiales en pisos de alquiler asequible. Dando respuesta inmediata a las familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad extrema o riesgo de exclusión residencial.
Cesión de uso
Según los términos del convenio, las diócesis mantendrán la titularidad de los activos, pero cederán el uso al Govern.
La Administración catalana será la encargada de financiar y ejecutar las obras de rehabilitación necesarias para adecuar los espacios, muchos de ellos en muy malas condiciones.
Agencia de Vivienda
El presupuesto destinado a estas obras provendrá de fondos públicos dedicados a la ampliación del parque de vivienda social y, una vez reformados, serán gestionados por la Agencia de Vivienda de Cataluña.
Desde el Govern celebran la colaboración, que permite aprovechar patrimonio ya construido, evita la necesidad de buscar nuevos suelos y acelera los plazos para entregar llaves a los solicitantes.
Misión social de la iglesia
Por su parte, los representantes de la Conferencia Episcopal han señalado que este acuerdo responde a su misión social. Consideran que poner estos recursos a disposición de la ciudadanía es una forma coherente de ejercer la caridad y el servicio público.
Comisión de seguimiento
El acuerdo tendrá una vigencia inicial de varios años, con posibilidad de prórroga según los resultados obtenidos. Se creará una comisión mixta de seguimiento para evaluar el estado de las obras y la selección de los beneficiarios de los nuevos hogares.
Las primeras licitaciones para las reformas comenzarán en los próximos meses en municipios con alta presión residencial. Se espera que las primeras familias puedan entrar a vivir en estos inmuebles rehabilitados antes de que finalice el presente año.
Políticas de vivienda
Esta iniciativa se enmarca en la apuesta el Ejecutivo de Salvador Illa para que, como prometió en su investidura, la presente sea "la legislatura de la vivienda". Impulsando políticas como la regulación de los alquileres de temporada o la colaboración público-privada para construir hasta 200.000 viviendas antes de 2030 y resolver la emergencia habitacional.