El pueblo catalán atormentado por el Tribunal de Cuentas: "Tiene más riesgo ser alcalde que torero"

A una hora de Barcelona ciudad hay un ayuntamiento que no solo debe bregar con la oposición y sus vecinos sino también con el Tribunal de Cuentas, del que asegura sufrir un acoso y derribo. Los tres últimos alcaldes de Piera se han visto forzados a pagar una fianza de unos 55.000 euros en total al órgano fiscalizador de las finanzas públicas.

Este investiga un supuesto menoscabo a las arcas del pueblo, según ha podido saber este medio de documentación oficial del tribunal y han confirmado los ediles afectados, de partidos tan distintos como ERC, Junts y PSC, que se han turnado en la última década la alcaldía de este municipio de 18.000 vecinos.

Subvenciones y horas extras

"Tiene más riesgo ser alcalde que torero, la gente ya no querrá ser alcalde", resume con resignación el republicano Jordi Madrid, quien tuvo que hacer frente al pago más elevado, de 42.000 euros, para lo que ha avalado su vivienda.

El motivo, el pago de horas extras a la brigada municipal y subvenciones a entidades deportivas como la Agrupació Esportiva de Piera y oenegés que operan en el municipio, como Cáritas. "Nadie ha puesto la mano en la caja y todos los expedientes están justificados, no hay ningún tema de corrupción", asevera.

Pleno del gobierno municipal de Piera, con la alcaldesa Carme González (imagen de archivo) Ayuntamiento de Piera

Informes desfavorables

Movimientos que han topado con informes desfavorables de la interventora municipal, derivados a la Sindicatura de Comptes catalana y de esta, al Tribunal de Cuentas español, siguiendo el circuito que marca la ley. 

La cuestión ha salpicado a los sucesores de Madrid, Josep Llopart, hoy en la oposición, y la actual alcaldesa, Carme González, quienes han depositado entre 6.700 y 6.900 euros cada uno.

Los tres coinciden en la integridad de su gestión así como en lo "exigente" y "estricto" de la interventora, a la que señalan por firmar un centenar de informes desfavorables al año para "quitarse la responsabilidad de encima".

Dura intervención

"Los pagos que se investigan se hicieron cuando yo no estaba en el gobierno, pero me pilló por tres meses antes de que prescribieran. ¿Qué se supone que debe hacer un alcalde cuando llega al cargo? ¿Revisar todos los expedientes de los últimos cuatro años?", se pregunta la socialista.

El acoso del tribunal y lo defensivo de una interventora "especialmente dura", así como el escaso margen de gasto que tienen los ayuntamientos, acorrala a González. "¿Yo qué hago? ¿No pago las horas extras que se hacen?", insiste la edil, quien asegura que esta situación "no es algo que no pase en otros municipios".

Visita de Xavier Amor, secretari de Governs Locals de la Generalitat, junto a miembros de la Diputación de Barcelona, a la alcaldesa de Piera, Carme González, a unas instalaciones deportivas Diputación de Barcelona

"Deberé hipotecar mi casa"

Todo ello condiciona al gobierno municipal; la alcaldesa reconoce que echa mucha más mano de las licitaciones --lo que reduce el riesgo de topar con un informe en contra-- aunque se niega a cortar el grifo de las subvenciones. "Yo soy alcaldesa para llevar a Piera al lugar que se merece, y si tuviera que dejar de hacer cosas por miedo, abandonaría la política".

No obstante, da por hecho que el Tribunal de Cuentas recibirá nuevos informes desfavorables que le obliguen a depositar más dinero de su propio bolsillo: "Soy autónoma, una persona trabajadora y no sé qué haré, deberé hipotecar la casa".

Desgaste

Llopart y Madrid coinciden con la alcaldesa en que tienen la "conciencia tranquila", pero la cuestión desgasta a los que están o se han puesto al frente de Piera, habitualmente autónomos con, por ejemplo, una empresa de toldos o talleres mecánicos.

El regidor en la oposición ahonda en la desprotección que dice sentir --"como exalcalde, no recibo notificación alguna del tribunal, sino que me lo notifica el ayuntamiento"-- mientras que el republicano recuerda que la torpeza de la secretaría municipal --envió unas alegaciones en catalán y no en castellano al organismo estatal-- habría dilatado los dos expedientes que siguen en curso, de 2020 y 2021.

El primero, correspondiente a 2019, ya está archivado y confían en que los otros dos tengan el mismo final al no constatar enriquecimiento personal alguno, aseguran.