Una vez conocido el acuerdo final entre la Generalitat, el Gobierno y ERC, que llevaba más de un año negociándose, a las partes sólo les queda presionar a Junts, enrocado en su "no" a la financiación singular mientras Cataluña siga formando parte del régimen común, para que apoye la propuesta, que deberá pasar de forma obligatoria por el Congreso de los Diputados para que pueda aplicarse en los próximos años a través de la reforma de la actual LOFCA.
En este sentido, en línea con los 4.686 millones de euros que se prevé que el nuevo modelo sume a las arcas anuales de la Generalitat, la propia administración catalana informa de que, de aplicarse el cambio de sistema en 2027, el aumento de recursos sería de un 13,35% --tres puntos porcentuales más que la media de comunidades, situada en un 10,3%--.
Un total de 5.200 euros por habitante por los 3.408 actuales --es decir, un total de 1.792 euros más-- destinados a robustecer servicios públicos como sanidad, educación o servicios sociales. Que se perderían si la propuesta no sale adelante al no haber alternativa posible.
12% más de presupuesto
Esos recursos, detalla la propia Generalitat, permitirían aumentar el presupuesto en un 12 %, en concreto en relación al gasto no financiero no finalista de 2026, con lo que, en sus palabras, "se resolvería parcialmente la infrafinanciación de Cataluña en los últimos 13 años".
En total, Cataluña recibiría el 22,3 % de los recursos totales que el Estado inyectará en el sistema, un porcentaje por encima de su peso en el PIB, insiste el Govern.