La entidad constitucionalista Impulso Ciudadano ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra un decreto de la Generalitat de Cataluña que regula la imagen de los Mossos d'Esquadra, al considerar "muy grave" la regulación que se hace sobre el catalán, lengua que el Govern dictamina como "propia y habitual de trabajo" de este cuerpo policial.
Impulso Ciudadano recurrirá el artículo 37 de dicha norma, denunciando que la fórmula elegida para abordar la lengua "vulnera los derechos lingüísticos de los propios policías, que tienen derecho constitucional a utilizar cualquiera de las lenguas oficiales en sus comunicaciones internas y en el ejercicio de sus funciones".
La entidad constitucionalista ve "especialmente preocupante" que la regulación afecte a un cuerpo policial, "donde la neutralidad institucional y el respeto escrupuloso a los derechos fundamentales deberían ser incuestionables".
Política lingüística "identitaria" y "discriminatoria"
Por ello, Impulso Ciudadano denuncia que el actual Govern de Cataluña "no se diferencia de sus predecesores", ya que "persiste en una política lingüística de carácter identitario" y "discriminatorio", utilizando la lengua "como instrumento de construcción de una identidad unívoca, en lugar de apostar por un modelo de convivencia lingüística real, equilibrada y respetuosa con la pluralidad de Cataluña".
"Instrumento ideológico"
"El Govern vuelve a usar la lengua como instrumento ideológico", lamenta la entidad defensora del bilingüismo.
"El Decreto, publicado en el DOGC del 18 de diciembre, desborda claramente su objeto, al utilizar una norma sobre imagen institucional para imponer una regulación lingüística de carácter estructural y lo hace, además, en abierta contradicción con el régimen constitucional de cooficialidad lingüística establecido en el artículo 3 de la Constitución", expone Impulso Ciudadano en un comunicado.
"Vulnera los derechos lingüísticos de los policías"
La entidad denuncia que el artículo 37 del decreto "configura el catalán como lengua propia y habitual de trabajo y de relación con la ciudadanía, una fórmula que no solo desconoce la oficialidad del castellano en el ámbito de la Administración, sino que además vulnera los derechos lingüísticos de los propios policías, que tienen derecho constitucional a utilizar cualquiera de las lenguas oficiales en sus comunicaciones internas y en el ejercicio de sus funciones".
A su juicio, "esta regulación no es una cuestión menor ni meramente organizativa, sino una decisión con claros efectos jurídicos, profesionales y disciplinarios para los miembros del cuerpo policial, que introduce una preferencia lingüística incompatible con la doctrina consolidada" del Tribunal Constitucional (TC) y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).
"Relega al castellano a una posición subordinada"
En este sentido, Impulso Ciudadano recuerda que el TSJC ya anuló con anterioridad regulaciones que también "obligaban a utilizar el catalán como lengua única de la administración", como fue el caso de los protocolos lingüísticos de la Generalitat y del sector público o del Reglamento de uso del catalán del Ayuntamiento de Barcelona. "El TSJC consideró contrario a derecho imponer una lengua oficial como lengua de uso obligatorio, relegando el castellano a una posición subordinada y condicionada al ejercicio de un derecho de petición por parte de los ciudadanos", recuerda.
En este sentido, la redacción del artículo 37 que será recurrido ante la justicia define así lo que la Generalitat considera "lengua de trabajo" de los Mossos: "La lengua propia y habitual de trabajo y de relación con la ciudadanía de los miembros de la PG-ME es el catalán, sin perjuicio del derecho de las personas a ser atendidas en castellano. En Aran, el aranés tiene que contar con los medios necesarios para ser lengua de trabajo y de atención ciudadana. En todo caso, los servicios dirigidos al público tienen que garantizar los derechos lingüísticos de las personas que establece la legislación en esta materia".