El proyecto de ley del Govern para regular el alquiler de temporada ha recibido el aval del Consell de Garanties Estatutàries (CGE), el organismo que vela por el encaje constitucional de los textos legislativos, ha trascendido este jueves.
El dictamen emitido ayer da luz verde a la tramitación parlamentaria de la iniciativa que pretende topar las rentas también en las estancias cortas, tipología de alquiler aún libre de limitaciones y a la que recurría una parte de los propietarios para mantener una mayor rentabilidad.
Antes de acabar el año
De esta manera, y después de que los recursos del PP y de Junts obligaran a suspender el calendario, el proyecto de ley echa a andar de nuevo. El PSC ha confirmado que el Parlament lo votará en el último pleno de 2025 y, previsiblemente, logrará el visto bueno de la mayoría de la Cámara, al estar impulsado por el PSC, ERC, Comuns y CUP.
La conselleria de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica que lidera Sílvia Paneque ha asegurado que "acoge favorablemente" el dictamen porque "constata la solidez jurídica" del proyecto de ley, y ha señalado que continuará trabajando para fortalecer el marco normativo que, textualmente, debe contribuir a garantizar el derecho a la vivienda.
Por su parte, las diputadas Eva Candela (PSC), Ester Capella (ERC), Susana Segovia (Comuns) y Laure Vega (CUP) han comparecido en rueda de prensa para celebrar la decisión. Han dicho que están estudiando bien el informe y que "puede ser enmendable dentro del periodo de enmiendas" que se abrirá hasta el Pleno.
Las diputadas Eva Candela (PSC), Esther Capella (ERC), Susana Segovia (Comuns) y Laure Vega (CUP), en una rueda de prensa desde el Parlament
Por su parte, el PP ha dicho que el proyecto de ley que regula el alquiler de temporada "es más político que jurídico", y consideran que se contradice a sí mismo. Fuentes populares han argumentado que hay dos dictámenes de 2019 y 2020 que "decían exactamente lo contrario, reconociendo que la Generalitat no podía regular el arrendamiento temporal".
Además, han subrayado que el Tribunal Constitucional (TC) "se pronunció en este sentido al reconocer que la competencia en esta materia es exclusiva del Estado".
Espaldarazo
No obstante, el CGE concluye que esta nueva regulación "no altera el régimen básico estatal de las obligaciones contractuales", como había alegado el PP, y tampoco contradice la normativa básica estatal ni altera el régimen obligacional. Así, considera que la Generalitat "ha ejercido correctamente sus competencias en derecho civil sin alterar la naturaleza ni los elementos nucleares del contrato de arrendamiento".
Junts también cuestionaba que la regulación se incorporase a través de una ley sectorial y no en el código civil catalán; también argumentaba que no preveía un régimen transitorio para definir la situación de los contratos vigentes.
El Consell ha concluido que "corresponde a la libertad de configuración del legislador" la elección del instrumento normativo, por lo que puede optar por una regulación sectorial. Además, entiende que la norma se aplicará a los contratos que concluyan tras su entrada en vigor, ya que no prevé la aplicación en anteriores, por lo que no ve vulneración de la seguridad jurídica.
La consellera de Territorio, Silvia Paneque, durante un pleno en el Parlament
Un reproche
No obstante, el organismo ha cuestionado la prórroga automática de las viviendas de protección oficial (VPO) en zonas tensionadas, dando la razón a Junts.
Considera que el texto "no permite identificar con suficiente claridad el ámbito de aplicación temporal de los diversos regímenes de sus tres apartados", lo que considera que genera a sus destinatarios una incertidumbre razonablemente insuperable, textualmente.
Por ello, sostiene que en caso de querer mantener el contenido de la regulación "haría falta que una norma con rango legal prevea expresamente el régimen temporal de las calificaciones de vivienda de protección oficial, sin prejuicio de una posible remisión al desarrollo reglamentario".