Societat Civil ve "partido por jugar" contra la amnistía: "Estamos a la espera de una sentencia"

Societat Civil Catalana (SCC) ha expresado su "total confianza" en la justicia europea después del dictamen emitido este jueves por el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que ahora deberá ser valorado por éste antes de emitir su sentencia. Algo que previsiblemente ocurrirá a principios de 2026.

El presidente de la entidad constitucionalista, Álex Ramos, considera que aún “queda mucho partido por jugar” en esta causa. Y ha recordado que SCC hará todo lo que esté en sus manos "para mantener viva ante el Tribunal de Cuentas la causa contable por malversación contra los dirigentes separatistas por uso de dinero público para la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017”.

"A la espera de una sentencia"

El abogado general de la TJUE, Dean Spielmann, ha dictaminado que la amnistía del procés no afecta a los intereses económicos de la UE, aunque ha reconocido que sí vulnera leyes procesales del derecho comunitario. Su dictamen sostiene que la norma impulsada por el Gobierno contraviene la obligación europea de garantizar una tutela judicial efectiva, aunque no le parece una autoamnistía.

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Como entidad impulsora de esta causa ante el Tribunal de Cuentas español, la entidad constitucionalista recuerda que “frente al criterio de la Fiscalía, que defendió el cierre del procedimiento contable una vez aprobada la ley de amnistía", SCC pidió a Cuentas que elevara esa cuestión prejudicial al TJUE "para saber si la norma entra en colisión con el Derecho comunitario, y ahora estamos a la espera de una sentencia”.

El abogado no ve malversación ni terrorismo

El abogado general de la UE se ha pronunciado hoy sobre esas cuestiones prejudiciales presentadas ante el TJUE por el Tribunal de Cuentas, que analiza las responsabilidades contables de 35 ex altos cargos de la Generalitat, y también por la Audiencia Nacional, que dirime un caso contra 12 miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) acusados de terrorismo.

En sus conclusiones, el abogado cree que los gastos del proceso independentista de Cataluña de 2017 no afectaron a los intereses financieros de la UE, una cuestión que atañía, entre otros exdirigentes, a los expresidentes del Govern secesionista Artur Mas y Carles Puigdemont.

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"El caso debería volver al Tribunal de Cuentas"

El comunicado de SCC destaca, no obstante, que ese mismo dictamen del abogado general -que no es vinculante de cara al futuro fallo de la justicia europea- "pone de manifiesto que el procedimiento previsto por la ley de amnistía para su aplicación vulnera la tutela judicial efectiva", lo que "afectaría a la esencia del Estado de Derecho".

"En consecuencia, si el TJUE refrenda el dictamen del abogado general, el caso debería volver al Tribunal de Cuentas", sostiene SCC.

Vulneraciones del derecho comunitario

En este sentido, la entidad constitucionalista resalta aquellas consideraciones en las que el abogado general del TJUE apunta que la Ley de Amnistía vulnera el derecho comunitario.

La primera de ellas es que la norma de impunidad del procés impulsada por el Gobierno obliga al Tribunal de Cuentas a tomar una decisión en un plazo máximo de dos meses. Algo que, según SCC, el abogado general entiende que no cumple el Derecho de la UE, ya que "impide investigar con normalidad si hubo afectación de fondos de la Unión Europea". "Podemos estar, en consecuencia, ante una próxima investigación tendente a verificar si hubo fondos europeos implicados", sostiene Societat Civil.

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En segundo lugar -añade-, la ley pretende que se levanten las medidas cautelares y que se absuelva a los implicados antes de que el TJUE responda. SCC valora que el abogado general ha concluido que esto "conculca también el derecho de la UE, de forma que el Tribunal de Cuentas puede mantener las medidas cautelares mientras esté pendiente de resolver la cuestión prejudicial".

En tercer lugar, Societat Civil valora positivamente que dicho letrado comunitario aprecie que "la ley de amnistía intenta limitar quién puede intervenir en el procedimiento y ha dejado fuera a quien ejerce una acción pública, como es el caso de SCC. El abogado general del TJUE considera que tal disposición va contra el derecho comunitario, ya que sólo permitía intervenir a la parte perjudicada -la Generalitat de Cataluña-, pero ésta no se ha pronunciado, dado que es parte interesada en amnistiar a los denunciados". Por todo ello, SCC espera "poder intervenir en el procedimiento".