Salvador Illa, presidente de la Generalitat de Cataluña (imagen de archivo)

Salvador Illa, presidente de la Generalitat de Cataluña (imagen de archivo) Simón Sánchez / CG

Política

Illa está "contento" por el primer aval europeo a la amnistía, pero pide esperar al TJUE

El 'president' de la Generalitat celebra las conclusiones del abogado general: "Esta ley, que es buena para Cataluña y España, es conforme al derecho europeo"

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El Govern de Salvador Illa ha recibido con gusto el aval del abogado general de la Unión Europea (UE) a las cuestiones nucleares de la Ley Orgánica de Amnistía (LOA). Ha sido el mismo president, firme defensor de la aplicación plena de la norma diseñada para permitir la vuelta de Carles Puigdemont, quien ha pronunciado la primera reacción del Ejecutivo catalán.

En la jornada Catalunya mira al cel, celebrada este mismo jueves en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona para dar inicio a los preparativos por el eclipse solar total previsto el próximo 12 de agosto, el dirigente socialista ha aseverado que está "contento" por la resolución, aunque ha pedido esperar a la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Esperar al TJUE

Illa ha recordado que "no es aún una resolución firme", por lo que "hay que tener la prudencia de esperar a que se pronuncien los jueces". No obstante, "es un paso significativo porque fija el marco de discusión que tendrá el tribunal".

¿Y qué dice el abogado? "Que la ley de amnistía para la normalización política, social e institucional en Cataluña es conforme al derecho europeo. Punto final. Estoy contento de que haya esta resolución, siempre he confiado en que sería así", ha agregado, al tiempo que ha pedido por enésima vez que "se aplique, con agilidad y sin subterfugios, una ley que es buena para Cataluña y para España".

Malversación y terrorismo

Dean Spielmann, que influye en la mayoría de pronunciamientos del TJUE, ha publicado hoy sus conclusiones acerca de la aplicación de la amnistía sobre la malversación y el terrorismo, delitos de los que se acusa a los líderes independentistas y a miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) respectivamente.

El letrado ha considerado este jueves que "no existe un vínculo directo entre la reducción del presupuesto de la Unión" y los gastos públicos utilizados para financiar el referéndum del 1 de octubre de 2017 --declarado ilegal por el Tribunal Constitucional-- y apoyar la acción exterior del procés. Por lo que el conato independentista no afectó a los intereses financieros de la comunidad europea.

El presidente de Junts, Carles Puigdemont, durante una rueda de prensa en Perpiñán

El presidente de Junts, Carles Puigdemont, durante una rueda de prensa en Perpiñán Glòria Sánchez Europa Press

En paralelo, la directiva europea de lucha contra el terrorismo no se opone a la ley de amnistía española, ya que esta "meramente" supone desactivar "parcial y temporalmente" los efectos de la norma europea y no afecta a cómo se aplica la directiva de forma general. Por lo que también ampara el borrado de este delito.

Reproche

No obstante, Spielmann ha advertido de que algunas de las disposiciones de la Ley Orgánica de Amnistía (LOA) pueden ser incompatibles con el derecho comunitario. En concreto, las relativas a la exención de la responsabilidad contable, que "podrían ser incompatibles con el derecho a la tutela judicial efectiva".

Sobre este punto, ha señalado el riesgo de que la ley dé a los tribunales dos meses para aplicar la amnistía. Aunque el Gobierno español haya apuntado que se trata de un plazo "estrictamente indicativo", ha considerado que no es conforme con el derecho europeo obligar a los órganos jurisdiccionales a dictar una resolución absolutoria y a alzar las medidas cautelares en dicho plazo.

La Gran Sala de vistas del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), con sede en Luxemburgo

La Gran Sala de vistas del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), con sede en Luxemburgo TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UE

Tampoco aunque se haya consultado al TJUE y este aún no haya resuelto la cuestión, algo que se espera que se produzca los primeros meses de 2026.

Aun así, señala que la ley de amnistía española "parece haberse aprobado en un contexto real de reconciliación política y social" y, en contra del criterio de la Comisión Europea, ha señalado que a su juicio "no constituye una autoamnistía".