La desembocadura del Fluvià ha vuelto a levantar polvo político. Esta vez, no con martillos ni pancartas, sino con una propuesta de resolución presentada por la CUP en el Parlament para forzar la clausura de las actividades del Port Natura, en la Costa Brava de Girona.
Los independentistas han vuelto a recurrir a la Cámara catalana para tratar de activar el proceso de expropiación y renaturalización del puerto fluvial que Víctor Latorre, denunciante del camping de la familia Trias, explota desde principios de los 2000.
La presentada recientemente es la segunda propuesta de resolución entrada por los cupaires; en la primera, forzaron la aprobación del texto en la comisión de transición ecológica con los votos de PSC, ERC, Junts, Comuns, PP y Vox.
Expropiación de los terrenos
Esta segunda ofensiva la firma el diputado Dani Cornellà, el mismo cuyo rostro y nombre aparecen en las diligencias de los Mossos por un asalto al enclave en junio del año pasado.
El documento, registrado el 23 de octubre, reclama al Govern “retirar la barrera”, “recuperar plenamente el camino público” y pactar con el Ministerio para la Transición Ecológica la expropiación de los terrenos ocupados en 2026.
No hay medias tintas. La CUP exige cerrar el Port Natura y expulsar a su titular. Es la vía institucional a un pulso que ya se libró en la calle —con martillos, pintadas y empujones— y que hoy se traslada al tablero parlamentario.
El Parlament entra en escena
El partido independentista sostiene que existe una “ocupación ilegal de terrenos protegidos” y acusa a la Generalitat y al Ayuntamiento de Sant Pere del Pescador de inacción. Precisamente, el pleno municipal acordó la recuperación de un camino que atraviesa el enclave que el empresario niega que sea público.
Fuentes internas de los anticapitalistas aseguran haber reclamado al Ayuntamiento de Sant Pere del Pescador que aporte de forma “inmediata” el decreto de clausura del negocio sito en la gola del Fluvià.
No obstante, para Latorre, la ofensiva forma parte de una problemática mayor que se traduce en hostigamiento político camuflado de ecologismo. "La CUP quiere cerrar mi negocio", ha asegurado en declaraciones a Crónica Global, recordando que el Tribunal Supremo avaló su edificabilidad en 2012 y denuncia que es víctima de una campaña ideológica.
Captura de pantalla del tuit del diputado de la CUP Dani Cornellà
Una causa abierta
Hay otro dato que subraya esta tensión. Durante un acto reivindicativo de la CUP, en julio de 2024, un trabajador recibió un puñetazo que investiga la justicia y que consta en las diligencias policiales.
La actuación derivó en una causa penal que no salpica a Cornellà. Al ser diputado del Parlament, solo lo puede investigar el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). El Juzgado número 8 de Figueres sí investiga a dos regidores del partido y a un técnico por la agresión y los destrozos, que el propietario cifra en 20.000 euros.
La causa sigue abierta; la otra batalla —la política— también.
Luz verde a la primera propuesta
La ofensiva institucional de la CUP se apoya en un precedente significativo. La Comisión de Transición Ecológica del Parlament ya aprobó por unanimidad —con la única abstención del PP en uno de los puntos— una primera resolución que denunciaba la actividad en la Gola del Fluvià y reclamaba actuar.
El texto instaba a rechazar las actividades consideradas ilegales en el enclave, exigir la ejecución inmediata de las resoluciones administrativas para recuperar el camino supuestamente público y garantizar la atención a vecinos y entidades afectadas.
Aquel acuerdo, avalado por PSC, ERC, Junts, Comuns, CUP, PP y Vox, marcó el primer consenso institucional para poner fin al negocio turístico en la desembocadura del río.
Guerra con los Trias
El pasado 2024, Latorre recurrió ante la Audiencia Provincial de Girona para investigar a Álex Trias Arraut, hijo del exalcalde de Barcelona Xavier Trias, en el caso del cámping La Ballena Alegre 2 de Sant Pere Pescador. Este procedimiento se enmarcaba en la controversia sobre la legalidad de diversos bungalows ubicados, según informes oficiales, en dominio público marítimo-terrestre.
La apelación, admitida a trámite por el Juzgado nº 4 de Figueres, buscaba reabrir el archivo de las actuaciones contra Trias hijo por la explotación del cámping "ilegal" en una zona protegida de la Costa Brava, lo que obligó a la Audiencia a pronunciarse tras recibir las alegaciones.