Una concejala de Sant Sadurní pide el indulto al Gobierno para poder estar con sus hijas

La concejala del ayuntamiento de Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona) Erika Ruiz, que había sido condenada a la privación de la patria potestad por alejar a sus hijas de su exmarido -aunque antes la justicia le había concedido la custodia en exclusiva- ha pedido el indulto al Gobierno.

El escrito en el que se pide esta medida de gracia, dirigido al Ministerio de Justicia para que lo eleve al Consejo de Ministros, y presentado por equipo legal del despacho Vosseler Abogados, aduce una "contradicción legal manifiesta" que impide a esta mujer estar con sus dos hijas.

Condena

Por la vía civil, la Audiencia de Barcelona le concedió en 2022 la guardia y custodia en exclusiva de sus dos hijas, ya que los equipos de asesoramiento del menor y los psicólogos estimaron más beneficio para las niñas estar con su madre, ya que no querían vivir con su padre.

Sin embargo, posteriormente, en 2023, fue condenada por la vía penal a dos años de prisión y a la inhabilitación para ejercer la patria potestad durante un periodo de cuatro años por un delito de sustracción de menores.

Medida de gracia

En el escrito de petición de indulto, al que ha tenido acceso EFE, se incide en estas "posiciones contrapuestas" entre las dos jurisdicciones, la civil y la penal, lo que deviene en una "manifiesta contradicción judicial insostenible".

La petición de la medida de gracia esgrime también el interés superior del menor, ya que la condena que se le impuso a la mujer implica la "separación forzosa" de las dos niñas de su madre, figura clave, causando un "daño irreparable en su desarrollo emocional".

Se trata, dice el escrito, de una situación "palmariamente injusta e indeseada" para las menores.

Cuatro años sin patria potestad

Además, sostiene que la inhabilitación para ejercer la patria potestad durante cuatro años a los que fue condenada choca con la edad de sus hijas, puesto que la mayor tiene ahora 16 años y dentro de dos, cuando alcance la mayoría de edad, podrá decidir con quién vive.

"Entendemos que debe ponderarse en sentido positivo tanto el tiempo transcurrido desde el año 2021, en que se produjeron los hechos que la sentencia condenatoria estima como probados, en adición a la edad de las niñas en la actualidad, a saber, 16 y 13 años, cuya proximidad a la mayoría devendría un factor determinante en la imposibilidad material del efectivo cumplimiento de la condena, cuanto menos con la mayor de ellas", subraya el texto.

Las menores viven con los abuelos

En estos momentos, y tras la sentencia penal, las menores -nacidas en 2009 y en 2012, respectivamente- viven con los abuelos maternos.

Por ello, se pide en el mismo un indulto total para la mujer, tanto en lo que respecta la condena de dos años de prisión como la de la privación de la patria potestad durante cuatro años, o bien un indulto parcial con penas menos gravosas.