Álex Ramos, presidente de Societat Civil Catalana Barcelona
El Defensor del Pueblo atiende a SCC y pide datos a la Generalitat sobre el uso del español en las escuelas catalanas
La entidad asegura que el Govern de Salvador Illa también vulnera el derecho de los castellanohablantes a no ser discriminados por razón de lengua en el sistema educativo
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El Defensor del Pueblo ha atendido el escrito presentado por Societat Civil Catalana en contra del régimen lingüístico en las escuelas y ha solicitado formalmente a la Generalitat que explique "qué orientaciones ha facilitado a los centros para que se garantice el aprendizaje en castellano".
La cuestión gira en torno al decreto que el propio Govern de Salvador Illa tramitó para considerar el catalán como única lengua vehicular en el sistema educativo, que ha sido suspendido de forma cautelar por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que lo considera la medida contraria a la Constitución y discriminatoria con los alumnos castellanohablantes.
Desde Societat Civil Catalana advierten que pese a la suspensión cautelar del decreto, desde el Departamento de Educación se siguen aplicando de facto criterios en el mismo sentido. Así, han optado por elevar la queja al Defensor del Pueblo y a la Síndica de Greuges, rechazando esta última implicarse en el asunto argumentando que el asunto ya está judicializado.
Actuación de carácter informativo
El Defensor del Pueblo ha respondido a SCC que "en consideración a la naturaleza y alcance de la disposición impugnada, ha parecido procedente a esta institución iniciar una actuación de carácter informativo ante la Secretaría General de Educación y Formación Profesional de la Generalitat de Cataluña", pidiendo explicaciones a la Generalitat sobre los planes para el siguiente curso.
Lucha contra la inmersión
La entidad que preside desde hace unos meses Álex Ramos se ha caracterizado por dar la batalla contra la inmersión lingüística en Cataluña, entre otras. Han sido protagonistas elevado a la justicia las maniobras de la Generalitat, especialmente con gobiernos independentistas, para que se respete "el bilingüismo y la pluralidad". Pero también con el ejecutivo socialista actual.
