Álex Ramos, presidente de Societat Civil Catalana Barcelona
Societat Civil Catalana declara ante el TJUE que la ley de amnistía es una "autoamnistía"
El abogado de la entidad ha argumentado ante el tribunal comunitario que el hecho de que los propios beneficiados de la norma la votaran en el Congreso de los Diputados debería invalidar sus efectos
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Societat Civil Catalana (SCC) insiste en dar la batalla contra la ley de amnistía en Europa.
Su abogado, Juan Chapapría, ha asegurado este martes ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) –que juzga la concordancia con el derecho comunitario de una norma aprobada hace más de un año en el Congreso de los Diputados y avalada recientemente por el Tribunal Constitucional– que se trata de una "autoamnistía".
"Ha sido objeto de una operación sistemática de obstrucción", ha añadido Chapapría, en relación con los frutos del acuerdo entre la formación de Carles Puigdemont y el partido de Pedro Sánchez para la investidura del segundo como presidente del Gobierno.
A su juicio, el hecho de que los siete diputados de Junts en las Cámara Baja apoyaran y fueran necesarios para la aprobación de la amnistía invalida la ley, al hilo de lo que argumentó la Comisión Europea en su escrito al TJUE.
El fiscal jefe del Tribunal de Cuentas discrepa
Por contra, el fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, Manuel Martín-Granizo, ha defendido la ley asegurando que 11 de los 27 países de la Unión Europea contemplan la amnistía en su jurisdicción interna y, según la Comisión de Venecia, resulta admitida en otros siete.
Todos ellos han intervenido en la vista sobre la cuestión prejudicial del Tribunal de Cuentas, que ha preguntado al TJUE si la amnistía pone en riesgo los intereses financieros de la unión.
Los delitos de terrorismo, a debate
Por la tarde, se celebrará una segunda vista para saber si la amnistía de los delitos de terrorismo se ajusta al derecho de la UE, en relación con la causa que estudia la Audiencia Nacional sobre los 12 miembros de los Comitès de Defensa de la República (CDR) que están procesados por preparar acciones violentas contra edificios públicos en Cataluña en respuesta a la sentencia del procés.
