La Generalitat de Cataluña destinará más dinero y recursos para ampliar el uso del catalán en el ámbito de la justicia. El Govern plantea que los jueces y funcionarios judiciales cobren una "bonificación económica" si redactan sus escritos, documentos de tramitación judicial y sentencias en dicho idioma.
Así lo reconoce el Ejecutivo de Salvador Illa este lunes en un comunicado, en el cual recuerda que, en la actualidad, ya existe un convenio entre la conselleria de Justicia y el Consejo de Colegios de Abogados de Cataluña (CICAC) por el cual se bonifica con hasta 25 euros a los abogados del turno de oficio cada vez que inician las actuaciones judiciales en catalán.
Medio millón de euros en 2025 para en la asistencia gratuita
En este sentido, el propio Govern enfatiza que, este 2025, su conselleria de Justicia "destinará 500.000 euros al impulso del catalán en el ámbito de la asistencia jurídica gratuita".
"En la misma línea, se impulsará que esta medida -la bonificación a los letrados por incoar actuaciones en catalán- se pueda amplar también a los abogados privados", añade el escrito del Ejecutivo autonómico.
"Incentivos económicos" a jueces, fiscales y funcionarios
Por lo que respecta a los jueces y funcionarios judiciales, el Govern explica que "se trabajará para que éstos perciban también una bonificación económica cada vez que escriban en catalán una sentencia o documentos de tramitación judicial, como las notificaciones".
Según el Ejecutivo del PSC, con ello se persigue "recuperar porcentajes de uso del catalán que se alcanzaron en el pasado (principios de los años 2000) de hasta el 20% de sentencias en catalán gracias a un programa de incentivos económicos que retribuía este uso de la lengua a jueces, fiscales y funcionarios judiciales".
Estas son algunas de las medidas que el Govern ha planteado este lunes en la reunión de la "Mesa del Pacto Nacional para la Justicia", presidida por el conseller de Justicia, Ramon Espadaler, en la que se han presentado numerosas iniciativas para ampliar el uso del catalán en la justicia.
Según los datos de la conselleria, las sentencias dictadas en catalán en 2024 fueron un 5,3%, y los documentos de inicio de procedimientos en catalán, en un 5,6%.
Para "revertir" esta supuesta "tendencia a la baja" del uso del catalán en la Administración de Justicial, Espadaler ha apelado a la "cooperación y complicidad" de los agentes jurídicos, así como de los colegios profesionales de abogados, procuradores y notarios.
El 'conseller' Vila ve "una profunda irregularidad lingüística"
Por su parte, el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, ha apuntado que, según sus datos, en el 80% de los casos en que alguien pide explícitamente la tramitación en catalán de un procedimiento judicial, esta opción se "incumple", lo que a su juicio "es una muestra de la profunda irregularidad lingüística del sistema judicial en Cataluña".
El dirigente independentista -que ya fue secretario de Política Lingüística en el Govern de ERC-, ha reconocido que "el 80% de nuestra sociedad sabe hablar catalán, incluidos el 50% de las personas nacidas en el extranjero".
"Es urgente que la Administración de Justicia asuma la realidad de la sociedad para la cual trabaja y que los operadores judiciales garanticen los derechos lingüísticos de la población. Y eso quiere decir que el catalán tiene que pasar de ser oficial de iure a serlo plenamente de facto", ha añadido Vila.
Traducción del repositorio de sentencias
Por otra parte, desde la conselleria de Justicia y la Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions (EADOP) han trasladado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) una propuesta para que su Centro de Documentación Judicial -repositorio de sentencias judiciales- pueda traducirse automáticamente al catalán gracias al traductor jurídico que está desarrollando la conselleria.
El catalán como mérito en el proceso de selección
Otra de las medidas pasa por impulsar el conocimiento del catalán como "mérito" en el proceso de selección de los miembros de la carrera judicial.
La Generalitat apunta, en este sentido, que en la actualidad el catalán se considera un mérito en la fase de elección de destino, una vez superado el proceso selectivo. Y lo que propone ahora es que dicho idioma "pudiera ser un mérito en el caso que se creara una nueva fase de méritos dentro del acceso a la judicatura, que actualmente selecciona a sus miembros en una única fase de exámenes de conocimiento jurídico".
Asimismo, el Govern recuerda que la "formación lingüística y especializada" a través del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (CEFJE) "es una de las primeras propuestas que se hacen a los nuevos profesionales que se incorporan a la administración de Justicia en Cataluña", así como "el acompañamiento" a través de los "servicios lingüísticos" de esta consejería.
El departamento también apunta que se ofrece formación en catalán "a todos los fiscales del Estado a petición de la Fiscalía General del Estado".
Ley de eficiencia judicial
En el encuentro de este lunes -al que también han asistido los consellers de Salud, Olga Pané; de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper; y de Igualdad y Feminismos, Eva Menor-, la secretaria de Administración de Justicia, Iolanda Aguilar, ha presentado el plan de implementación de la Ley Orgánica 1/2025 de Eficiencia Judicial.
Aguilar ha puesto de relieve la importancia de poder debatir sobre la nueva ley en un foro como la llamada "Mesa del Pacto Nacional para la Justícia", creado como punto de encuentro para "mejorar" el servicio público de justicia en Cataluña.