Jordi Turull, con Carles Puigdemont ayer
La Fiscalía pide al Supremo que amnistíe a Puigdemont por el 'procés'
La fiscal señala que "la norma es clara" y descarta un beneficio patrimonial en la organización del referéndum de 2017
El Tribunal sólo aplicó la norma por los delitos de desobediencia o desórdenes públicos, pero rechazó aplicarla por malversación
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La Fiscalía y la Abogacía del Estado han solicitado al Tribunal Supremo que rectifique la decisión del juez Pablo Llarena y aplique la ley de amnistía por el delito de malversación a Carles Puigdemont y otros procesados.
“La norma es clara. Señalar que hubo un beneficio patrimonial es cuanto menos sorprendente”, ha dicho la teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, sobre la decisión del juez Llarena de interpretar la sentencia del procés de forma distinta para no eximir la malversación.
Fondos de la UE
Además, en contra del criterio del juez y de la Sala, "no han sido empleados fondos europeos de la UE"y "no se ha producido merma alguna en el presupuesto europeo", que era otro de los argumentos para no aplicar la amnistía a los líderes del proces, ya que "los fondos pertenecían exclusivamente a la Generalitat y esto está acreditado".
Lo ha hecho en una vista pública para revisar los recursos del expresident y de los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig contra la decisión de Llarena que rechazó perdonarles el delito de malversación y acordó mantener vigentes las órdenes nacionales de detención que pesan contra ellos.
Amnistía por desobediencia
El Supremo sólo aplicó la amnistía por los delitos de desobediencia o desórdenes públicos, pero rechazó aplicarla por malversación, que fue atribuída a los políticos que utilizaron fondos públicos de la Generalitat para organizar el referéndum de 2017.
El magistrado del Tribunal Supremo (TS), Pablo Llarena
Sánchez Conde ha criticado la "innovadora interpretación" del Tribunal Supremo, señalando que ha resultado en "una aplicación errónea de la ley", ya que incluso esa nueva interpretación del alto tribunal no establece que el propósito fuera el enriquecimiento personal. Por lo tanto, considera que este argumento "no puede tomarse en serio".
Competencias del TSJC
Por su parte, el abogado de Puigdemont y Comín sostiene que la amnistía es competencia del Tribunal Superior de Justiícia de Catalunya (TSJC), ya que "Puigdemont fue elegido diputado por el TSJC" en las últimas elecciones autonómicas y Comín no dispone del acta de europarlamentario, por tanto, no estarían aforados ante el alto tribunal, según Gonzalo Boye.
El abogado del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, compareciedo ante la comisión del Senado sobre la proposición de ley de amnistía del 'procés', en abril de 2024
A su juicio, "no es necesario entrar en un largo debate sobre la aplicación o no de la ley", al recordar el voto particular de la magistrada Ana Ferrer, quien, a diferencia del resto del tribunal que juzgó el procés, apoyó aplicar la norma, ya que esa era la voluntad del legislador.
Anticonstitucional, según Vox
Vox, como acusación popular, dejó claro que "la ley no es aplicable a los recurrentes", alegando que esta norma "viola principios fundamentales del Estado de Derecho".
Además, respondió a Boye al señalar que cuestionar una vez más la competencia del Supremo "atenta contra el artículo 71 de la Constitución, el aforamiento y las resoluciones del TJUE".
Es improbable que el tribunal estime los recursos, puesto que la Sala de lo Penal elevó una cuestión de inconstitucionalidad a la corte de garantías en la que expresó sus dudas sobre la ley de amnistía.
Por eso, en caso de que la sala rechace los recursos, Puigdemont tendrá vía libre para recurrir al Constitucional, que ya ha admitido a trámite los primeros recursos de amparo de condenados por el 1-O a quienes no se les aplicó la amnistía, como el exvicepresident Oriol Junqueras y los exconsellers Raül Romeva y Dolors Bassa.
