La proposición de ley pactada entre PSOE y Junts per Catalunya para delegar competencias en materia migratoria a la Generalitat de Cataluña ha causado un profundo malestar en las entidades constitucionalistas más representativas de la autonomía, algunas de las cuales lo han calificado de "xenófobo" e "infame".
El acuerdo en cuestión, pendiente de aprobarse en el Congreso, permitirá al Govern catalán participar en la gestión de expulsiones de extranjeros que tengan prohibida la entrada en el país y los permisos de residencia en Cataluña.
Puigdemont avisa: el catalán, "elemento indispensable" para obtener la ciudadanía
En este sentido, el líder de Junts, el prófugo Carles Puigdemont, ha asegurado que ello convertirá a la lengua catalana como un "elemento indispensable" para obtener la ciudadanía, y que sin su conocimiento no se concederán "informes favorables" para los inmigrantes por parte del Ejecutivo autonómico. "Todo lo que tiene que ver con una persona que venga del extranjero pasará por la Generalitat", ha advertido.
El pacto del PSOE con Junts, asimismo, estipula que los Mossos d'Esquadra se incorporen al control de la seguridad de puertos, aeropuertos y "zonas críticas", en cooperación con la Guardia Civil y la Policía Nacional, que hasta ahora eran los cuerpos que se encargaban de esta competencia.
Impulso Ciudadano: "Es xenófobo y contrario a la eficacia administrativa"
Varias de las principales entidades constitucionalistas han mostrado su rotundo rechazo a estas cuestiones. Desde Impulso Ciudadano, por ejemplo, han calificado de "xenófobo y contrario a la eficacia administrativa" el acuerdo entre socialistas y posconvergentes. Y acusa al PSOE de referirse "a Cataluña como país", y de incluir "en un acuerdo sobre inmigración referencias a los nacidos fuera de Cataluña".