Este martes PSOE y Junts han dado a conocer los detalles de su acuerdo para el traspaso de competencias en materia de inmigración a Cataluña.
Este pacto, que refuerza la estabilidad del gobierno español y que ha llevado más de un año en negociaciones, estipula la delegación de competencias estatales clave en la gestión de la migración, como el control de fronteras por parte de los Mossos d'Esquadra junto a la Policía y la Guardia Civil, la seguridad en puertos y aeropuertos, la expulsión de migrantes o la gestión de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE).
El texto ha sido tramitado en el Congreso como Proposición de Ley Orgánica y no puede tramitarse por la vía de urgencia. Se compone de 13 artículos, tres disposiciones adicionales y una disposición final única que establece que la ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
El secretario general de Junts, Jordi Turull, y la portavoz en el Congreso, Miriam Nogueras, durante la rueda de prensa que han ofrecido este martes acompañados por el presidente del partido, Carles Puigdemont, por videoconferencia, en la que han reivindicado la delegación "integral" de la gestión de la inmigración a Cataluña porque se trata de "una competencia que normalmente ejercen los estados", y ha avanzado que, una vez asumidas, Cataluña "estará mucho más preparada para su futuro como nación"
A continuación, se destacan algunos puntos clave de la propuesta registrada por ambos grupos:
Permisos y NIE
Se delega a Cataluña la competencia para tramitar las autorizaciones de estancia de larga duración de las personas extranjeras que vayan a permanecer en Cataluña para realizar una actividad académica, los permisos de residencia temporal y los de larga duración.
La comunidad autónoma podrá tramitar, conceder, renovar o extinguir dichos permisos. La Generalitat otorgará el permiso de residencia temporal si la persona cumple con los requisitos que fija la Unión Europea. En caso contrario podrá iniciar o finalizar el procedimiento administrativo de expulsión.
Con el acuerdo, queda delegada la emisión de tarjetas de identificación (NIE y TIE) de las personas extranjeras autorizadas por Cataluña para vivir, estudiar o trabajar, "comunicándoselo a la Dirección General de la Policía" y bajo los criterios establecidos de la Junta de Seguridad de Cataluña.
Contratación
El acuerdo también establece que sea la Generalitat quien conceda los permisos de trabajo y de contratación en origen.
Cataluña, junto a las empresas y sindicatos, "determinará los perfiles y el contingente de trabajadores extranjeros" en las contrataciones en origen, que en materia lingüística se limita a remitirse a "las previsiones de la legislación vigentes al ejercicio de las competencias delegadas", según se desprende del acuerdo.
Puertos, aeropuertos y fronteras
A través del acuerdo, los Mossos d'Esquadra pasarán a gestionar la seguridad de puertos y aeropuertos en coordinación con la Policía Nacional y la Guardia Civil.
Una patrulla de los Mossos d'Esquadra en el Aeropuerto Barcelona-El Prat
La policía autonómica también tendrá ejercerá el control migratorio en las fronteras catalanas. Este punto era uno de los escollos que impedía avances en las negociaciones. Si bien los de Carles Puigdemont pedían una competencia exclusiva, el Gobierno de Pedro Sánchez rechazaba este enfoque.
Así, se ha llegado a un punto intermedio y Cataluña gestionará el control migratorio y la prevención, persecución, protección y asistencia a las víctimas de trata y explotación de seres humanos, mientras que los cuerpos de seguridad del Estado seguirán ejerciendo las competencias en materia de seguridad nacional.
Para este objetivo, el acuerdo prevé incrementar la plantilla de Mossos en 1.800 efectivos hasta los 26.800 efectivos en 2032.
Gestión de los Centros de Interamientos
El acuerdo alcanzado por PSOE y Junts también otorga a Cataluña la gestión integral de los Centros de Internamientos de Extranjeros (CIE), que incluye la dirección, coordinación, gestión e inspección de los centros.
El CIE de Zona Franca
También se establece la delegación de los traslados de internos en el interior del territorio y que la Generalitat fijará los mecanismos de control e inspección policial y administrativo del funcionamiento de los CIE, en los términos establecidos en el reglamento que los regula.
"Sin integración no hay nación"
En la rueda de prensa posterior a la tramitación de la Proposición, Puigdemont --en la que ha intervenido telemáticamente-- acompañado por la diputada en el Congreso Miriam Nogueras y el secretario general Jordi Turull, ha asegurado que esta medida llega en un "momento clave".
"Es un fenómeno del presente y del futuro. No podemos negar la realidad. Hay violencia y radicalización religiosa y a su vez discursos xenófobos que nos obligan a cambiar la manera de gestionar la inmigración para asegurar el progreso social y económico".
Puigdemont también ha advertido de que la asunción de estas competencias "no será fácil ni rápida" porque requiere traspasos de personal, económicos y de bienes.
El líder de Junts per Catalunya ha señalado que una vez asumidas las competencias, Cataluña "estará mucho más preparada para su futuro": "Sin inmigración no hay progreso, pero sin integración no hay nación".
"Vigilantes" con el PSC
Los convergentes también han hablado de "desbordamiento" de los servicios públicos y han hecho referencia a que la Generalitat no tenía las capacidades suficientes para afrontarlo.
Han terminado su intervenció con un aviso a los socialistas: se mostrarán "vigilantes" para que el gobierno catalán actual del PSC ejerza estas nuevas capacidades con diligencia.
Una cesión "ilegal"
Tras el anuncio, no han tardado en aflorar las críticas. En el ámbito de la policía, el sindicato Justicia Policial (Jupol) denuncia que la "cesión" de las competencias migratorias a la Generalitat es "ilegal". Es por ello por lo que exige la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, en el Palau de la Generalitat ayer
En sus palabras, es "inaceptable" este "regalo" de competencias "a cambio de favores políticos" y cesión a los "chantajes de los independentistas", pues considera que es una "maniobra para erradicar" a Policía Nacional y Guardia Civil de Cataluña.
Arrodillados a Puigdemont
También el Sindicato Unificado de Policía (SUP) avisa de que “plantarán cara al Gobierno para impedir que se lleve a cabo la escandalosa e ilegal transferencia de competencias a favor de los Mossos d’Esquadra”.
Además, amenazan con, si es necesario, “sentar en el banquillo a estos líderes políticos para salvaguardar un derecho tan esencial como el de la seguridad pública”. El SUP considera un “atropello” que se siga la hoja de ruta marcada por Puigdemont.
"Un golpe mortal"
Para el sindicato de la Policía CEP, el acuerdo constituye también “un golpe mortal” para los cometidos que desarrollan en Cataluña, y reclama por la “dimisión” del ministro por su incapacidad para frenar esta “nueva embestida del independentismo”.
Desde la Guardia Civil, AUGC denuncia que la “seguridad no puede ser moneda de cambio en pactos políticos ni puede ponerse en riesgo la unidad de acción de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado” en un ámbito como la inmigración.
Illa celebra el acuerdo
En la parcela política, el presidente del Govern, Salvador Illa (PSC), celebra “cualquier avance competencial y mejora del autogobierno”. “Cataluña ejercerá siempre sus competencias con el máximo rigor y la máxima responsabilidad”, añade.
El presidente del Govern, Salvador Illa
También su antecesor, Pere Aragonès (ERC), dice que “tener más competencias siempre es positivo”, sobre todo para “cualquier persona que defiende las instituciones de Cataluña, para cualquier catalanista y para un independentista” como él.
PP: Sánchez es un "florero" y un "pelele"
El PP, por su parte se pronuncia desde distintos frentes. Para el líder nacional, Alberto Núñez Feijóo, el presidente del Gobierno es un “florero” en manos del independentismo. Y lo acusa de “desmantelar el Estado”.
Para la secretaria general popular, Cuca Gamarra, Sánchez es un “pelele del separatismo”, y afirma que el acuerdo “está fuera de la Constitución”: “Es un chantaje constante que Sánchez acepta por permanecer en el poder”.
Vox: "Independencia ‘de facto’"
Y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, entiende que este pacto PSOE-Junts se ha hecho “al margen de la ley” y con lo que el mismo Sánchez denominaba hace unos meses “derecha xenófoba catalana”.
Vox, por su parte, declara por boca de su vicepresidente y secretario general, Ignacio Garriga, que esta transferencia es “el último paso antes de una independencia” de Cataluña de facto. Como el PP, sus servicios jurídicos estudiarán la situación.
División en la izquierda
Desde la extrema izquierda, las posiciones difieren. Podemos califica el pacto de “racista” y “antiimigración” y deja en el aire su apoyo –necesario para que fructifique— en el Congreso, según la secretaria general, Ione Belarra.
La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, y la secretaria política de la formación, Irene Montero
En cambio, para la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz (Sumar), se trata de “una delegación de competencias compartida” que “no altera las competencias del Estado”. Y el respeto a los derechos humanos “queda garantizado”.
Los Comuns, entre dos aguas
En esta parcela, los Comuns consideran una buena noticia el traspaso de competencias migratorias, pero afean el planteamiento del acuerdo, más pensado en la deportación que de garantizar la inclusión.
La presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, durante la sesión de control al Govern
Por último, Laia Estrada (CUP) afirma que Junts “cada día adopta más el marco de la ultraderecha”, y preferiría el traspaso de competencias laborales “para poder fijar salarios y condiciones dignas”.