Desde su llegada al Govern de la Generalitat hace casi siete meses, Salvador Illa ha puesto la vivienda como una de sus principales prioridades. Un compromiso visible que se ha reflejado en diversas políticas, anuncios y proyectos destinados a aliviar la crisis habitacional en Cataluña.
Sin embargo, la implementación de estas medidas ha ido acompañada de críticas y quejas por parte de los sectores implicados, especialmente promotores y constructores. Consideran que algunas de estas iniciativas resultan contraproducentes para el desarrollo del sector.
El president ha trazado una hoja de ruta clara en materia de vivienda, centrada en tres pilares principales. Son la construcción de viviendas de protección pública, el aumento del alquiler social y la regulación del mercado para garantizar el acceso a la vivienda a los sectores más vulnerables.
Un plan estrella ambicioso
Uno de los anuncios más destacados y ambiciosos es la promesa de construir 50.000 viviendas hasta 2030, un objetivo al cual el Govern piensa destinar una inversión de 1.100 millones de euros al año.
El plan contempla incrementar el suelo disponible para la construcción de vivienda pública protegida; acelerar la ejecución de las obras y los trámites vinculados; fomentar la colaboración público-privada; y aumentar las ayudas para el acceso a la vivienda, en especial a jóvenes, personas mayores y colectivos vulnerables.
Con el fin de aumentar la disponibilidad de terrenos, el Govern tiene planeado crear una Reserva Pública de Suelo en Cataluña, que pondrá en marcha todos los solares disponibles tanto de la Generalitat como de los municipios. Sobre este punto, Illa ya anunció en febrero la primera convocatoria de solares para construir vivienda de protección social.
Para acelerar los procesos, se ha propuesto reducir a la mitad los plazos de entrega implementando las modificaciones legales necesarias para lograrlo.
Vista de la manifestación para exigir una bajada de los alquileres y en defensa del derecho a la vivienda, bajo el lema 'S'ha acabat'
En cuanto a las ayudas directas a la ciudadanía, el Govern planea crear un fondo público para la emancipación juvenil, con una asignación de 100 millones de euros cada año durante los próximos cinco años.
Este fondo tiene como objetivo financiar el 20% de los gastos de adquisición de 12.000 viviendas para jóvenes menores de 35 años.
Los promotores, a la expectativa
Un plan aplaudido por la sociedad civil, pero que mantiene expectantes a los promotores. La Asociación de Promotores y Constructores de Cataluña (APCE) mostró su apoyo a las iniciativas, aunque advirtió de que no existen ni el suelo ni los recursos financieros suficientes para cumplir con los objetivos establecidos a tan corto plazo.
Su presidente, Xavier Vilajoana, señaló que, para alcanzar el ritmo de construcción previsto en los planes de Illa, se requerirá una gran inversión.
"Si la Administración no está dispuesta a aportar el dinero necesario, alguien tendrá que asumirlo", explica. E incide en una desventaja: la edificación de viviendas públicas, al ser principalmente de alquiler, ofrece un retorno mucho más lento en comparación con las de venta.
El presidente de APCE también recuerda que en los últimos diez años, el sector ha tenido que ajustarse a 41 cambios legislativos, lo que ha provocado una gran inseguridad jurídica.
Sanciones por burlar los topes
El Govern también ha tomado medidas en cuanto a la regulación del alquiler. Recientemente, el Parlament aprobó sancionar a aquellos propietarios que no cumplan con los requisitos de alquiler social establecidos por la ley.
Se trata de un acuerdo alcanzado con los Comuns que autoriza multas de hasta 900.000 euros a los propietarios que alquilen sus viviendas a precios que excedan en más del 30% lo establecido en el Índice de Precios de Referencia. También a aquellos que eviten estos límites mediante el uso indebido del alquiler temporal.
El decreto incluye otra vía con la que sancionar a los propietarios que incumplan la ley. En este caso, mediante una modificación de la Ley del Código de Consumo, tipificando como infracciones "graves" -con multas de hasta 100.000 euros- que portales o empresas inmobiliarias oferten de forma fraudulenta alquileres temporales que, en realidad, son para uso permanente o habitual.
Una “barbaridad” y un “despropósito”, según los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) de Cataluña. Advierten de que esta medida podría resultar en un incremento en la oferta de alquileres de habitaciones como alternativa.
Desde API aseguran que el decreto tendrá el efecto opuesto al que busca el Govern. En lugar de reducir los precios del alquiler, "desalentará" tanto el alquiler habitual como el temporal al "ahuyentar" a los pequeños propietarios.
Según su criterio, algunos de estos propietarios podrían terminar optando por alquilar habitaciones en pisos compartidos, un segmento que no está sujeto a la regulación de la Generalitat.
Por otro lado, la Associació de Propietaris de Catalunya considera que el sistema de sanciones aprobado por la Generalitat "sólo empeorará el problema del acceso a la vivienda".
En su opinión, esta medida "parece más orientada a generar titulares que a ofrecer soluciones firmes y respaldadas por expertos en el tema, las cuales realmente podrían resolver un problema que lleva años persistiendo".
Controlar a los grandes tenedores
Paralelamente, también se pondrá en marcha un registro de grandes tenedores en Cataluña con el fin de obtener información detallada sobre los propietarios que posean cinco o más viviendas.
Estos propietarios deberán facilitar datos a la administración pública sobre el número de propiedades que tienen en su poder. Además, se contemplará que sea una infracción grave aquellos propietarios que se nieguen a proporcionar la información requerida.
Establecer este registro es una de las principales prioridades dentro de la política de vivienda del Govern, que busca mejorar la gestión del parque de viviendas disponible y facilitar la movilización de inmuebles.
La trampa del ITP
La consellera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, anunció a bombo y platillo el pasado jueves, acompañada por la líder de los Comunes, Jéssica Albiach, que duplicará el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) a los grandes tenedores.
Pero la medida es cosmética, tiene trampa: estos podrán sortearla con facilidad al crear nuevas sociedades con las que completar las operaciones. Asimismo, con la creación de dos tramos más, el Govern encarece el gravamen para gran parte de las compraventas.
Madrid grava las compras de inmuebles un 6% y ofrece bonificaciones, mientras que Cataluña encarece el ITP, que parte del 10%
Si bien hasta ahora regía el 10% siempre que los inmuebles no superaran el millón de euros y el 11% para el resto, ahora el ITP será el básico sólo en aquellos de valor inferior a los 600.000 euros. Ello, en un contexto de encarecimiento permanente del mercado que eleva sobremanera los precios.
Así quedan los cuatro nuevos tramos del impuesto:
- 10% para inmuebles de hasta 600.000 euros
- 11% entre 600.000 y 900.000 euros
- 12% entre 900.000 y 1,5 millones
- 13% para viviendas de más de 1,5 millones
Estas subidas suponen que el ITP sea un 66% más caro en Cataluña que en Madrid en el tramo bajo, y un 116% en el tramo alto. Cabe recordar que la capital mantiene un único tramo, del 6%, y ofrece bonificaciones a quienes compran su primera vivienda o familias numerosas, entre otras circunstancias.
Beneficios para el tanteo y retracto
Otra de las medidas más destacadas del paquete de vivienda es la ampliación de los ámbitos del tanteo y retracto. A partir de ahora, todos los pisos adquiridos mediante esta vía estarán sujetos a un precio limitado, similar al de la vivienda de protección oficial.
Esta figura de protección implica que el precio de venta no podrá superar el precio de compra inicial, ajustado al IPC acumulado hasta la fecha de la venta, con el objetivo de garantizar la accesibilidad a la vivienda para las familias.
Asimismo, el Govern de Illa ha aprobado un módulo único en toda Cataluña para el alquiler y la venta de viviendas de protección oficial.
En este caso, se establecerá un precio de alquiler de 10,65 euros por metro cuadrado, y los constructores podrán explotar la promoción durante 75 años. Una vez transcurrido este plazo, tanto el suelo como el edificio serán de titularidad pública.