El Parlament catalán ha aprobado este miércoles el régimen sancionador que permite multar con hasta 900.000 euros a los propietarios que alquilen su vivienda por un importe superior a los topes fijados en el Índice de Precios de Referencia de la Generalitat, o bien a quienes lo esquiven alquilando por temporada de forma fraudulenta.
El decreto ley 1/2025 "de medidas urgentes en materia de contención de renta", que el Govern pactó con los Comuns, ha salido adelante con los votos a favor del PSC-Units, ERC, Comuns y la CUP.
En cambio, PP, Junts, Vox y Aliança Catalana han votado en contra.
Multas de hasta casi un millón de euros
La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque (PSC) ha opinado que las multas contempladas son "proporcionales".
Dicho régimen sancionador castiga los incumplimientos "muy graves" con multas de entre 90.001 y 900.000 euros. Ello es así cuando el precio del alquiler supera en un 30% el fijado en el Índice de Precios de Referencia; cuando no se hace constar la finalidad del arrendamiento en el contrato, o bien hacerlo de forma fraudulenta; y cuando se cargan los gastos de gestión del contrato al inquilino, en vez de al propietario.
Otros dos nuevos incumplimientos serán tipificados como "graves". Esos casos tendrán multas de entre 9.001 y 90.000 euros cuando se fije una renta superior en hasta un 30% al fijado por Índice de Precios de Referencia; y cuando no se haga constar en el contrato o en la oferta dicho índice o el importe del contrato anterior.
El decreto incluye también otra vía con la que sancionar a los propietarios que incumplan la ley. En este caso, mediante una modificación de la Ley del Código de Consumo, tipificando como infracciones "graves" -con multas de hasta 100.000 euros- que portales o empresas inmobiliarias oferten de forma fraudulenta alquileres temporales que, en realidad, son para uso permanente o habitual.
El Govern ve "proporcionado" el régimen sancionador
En su defensa de la supuesta "proporcionalidad" de la norma, la consellera Paneque ha subrayado que las multas irán en función tanto de la reincidencia de la infracción como del "volumen de activos y los beneficios" del infractor: "Hay una diferencia colosal entre el propietario que alquila un piso y el gran tenedor que tiene un negocio de cientos de pisos", ha manifestado.
Desde ERC, la diputada y exconsellera Ester Capella ha apuntado que el régimen sancionar "es necesario, pero insuficiente". Y ha pedido regular los alquileres de temporada y de habitaciones para evitar que los que quieren "especular" con la vivienda puedan "escabullirse" de las multas.
Por parte de los Comuns, la diputada Susana Segovia sostiene que este decreto pretende "que se cumpla ley" de contención de rentas y tiene un objetivo "disuasorio".
En la misma línea, la diputada de la CUP Laure Vega ha señalado que "una ley sin mecanismos de sanción no es una ley, es un manifiesto".
Rechazo de PP, Junts, Vox y Aliança Catalana
Por lo que respecta a los partidos que han rechazado el decreto, la diputada de Junts Glòria Freixa ha denunciado que las sanciones previstas son "absolutamente desproporcionadas", y ha advertido de que medidas como la contención de rentas hacen que "la oferta huya".
En la misma línea, la diputada del PP Àngels Esteller ha acusado al Govern de "perseguir" y "criminalizar" a los propietarios, así como de "ir en contra de la propiedad privada". Algo que, a su juicio, agravará el problema de la vivienda.
Por parte de Vox, la diputada Mónica Lora ha cargado contra todas las medidas de vivienda adoptadas por los últimos gobiernos catalanes y el Ejecutivo de Pedro Sánchez, y ha rechazado el "intervencionismo" en el mercado inmobiliario.
La diputada de Aliança Catalana (AC) Sílvia Orriols ha opinado que la política punitiva sólo conseguirá ampliar el mercado de pisos vacíos y cerrados: "Ni resuelven el problema ni alivian el conflicto".