El secretario de Empresa y Competitividad, Jaume Baró, tras la reunión del órgano de gobierno del Fons de Transició Nuclear
El Fondo de Transición Nuclear de la Generalitat recibe 76,6 millones ante el cierre de las centrales de Cataluña
La cantidad de 2024 procede de la recaudación del impuesto catalán que grava con un 50% los ingresos relacionados con la producción, almacenamiento y transformación de energía atómica
Contenido relacionado: Los ingenieros industriales catalanes piden aplazar el cierre de las nucleares más allá de 2035
Noticias relacionadas
El Fondo de Transición Nuclear de la Generalitat recibirá un total 76,59 millones de euros del año 2024 con el objetivo de impulsar y diversificar la economía de las zonas afectadas por el cierre de las centrales nucleares de Ascó y Vandellòs (Tarragona) en 2030 y 2031, y para "superar los retos" vinculados a este cierre.
Así lo ha anunciado el secretario de Empresa y Competitividad del Govern catalán, Jaume Baró, durante una reunión del órgano de gobierno de dicho Fondo, celebrada este martes en la sede del consejo comarcal de la Terra Alta, según informa la conselleria del ramo en un comunicado.
Impuesto medioambiental a las nucleares
El Fondo de Transición Nuclear, que se nutre de un impuesto medioambiental creado por la Generalitat en 2020, tiene como finalidad "acompañar" a las zonas afectadas por la desnuclearización.
La cantidad de 2024 procede, por tanto, de la recaudación del tributo autonómico sobre las instalaciones que inciden en el medio ambiente, y que grava con un 50% sus ingresos relacionados con las actividades de producción, almacenamiento y transformación de energía eléctrica de origen nuclear.
Pérdida de 3.000 empleos directos
Baró asegura que, de esta cifra, ya se han comprometido 47 millones de euros. Y en las próximas reuniones se definirá "cómo se distribuyen estos recursos que son una oportunidad para el futuro de la zona", según sus palabras.
Según las previsiones de la propia Generalitat, la clausura de las instalaciones nucleares de Cataluña provocará la desaparición de unos 3.000 puestos de trabajo directos, e impactará en el tejido económico de 96 municipios.
