El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) abre este jueves el juicio al exconseller de Cultura durante el 1-O, Lluís Puig, acusado de desobedecer una orden de un tribunal de Huesca, que la Generalitat había impugnado, para devolver bienes al Monasterio de Sijena.
El presidente del Tribunal, Jesús María Barrientos, ha acordado celebrar el juicio en ausencia de Puig al no haber comparecido en el juicio --ni por videoconferencia ni de forma presencial-- y ha subrayado que fue "formal y correctamente citado".
Barrientos también ha manifestado que el proceso judicial "no puede quedarse en stand by" hasta que la legislación belga permita establecer la videollamada, un hecho que ya motivó la suspensión del juicio el pasado mes de octubre.
Además, Barrientos ha añadido que puede celebrarse en su ausencia, como pedía la Fiscalía, porque para la pena a la que se enfrenta Puig --de multa e inhabilitación--, la ley lo permite.
El abogado de la acusación particular, Jorge Español, que representa al Ayuntamiento de Villanueva de Sijena, ha pedido "la nulidad de este juicio y la conformación de un nuevo tribunal" alegando que su libertad de defensa no ha sido respetada por el tribunal.
Por su parte, la defensa de Puig, que ejerce el abogado Jaume Alonso-Cuevillas, también ha pedido la suspensión del juicio argumentando que no se puede celebrar en ausencia del acusado porque "no se cumplen los requisitos" legales.
Dos años de inhabilitación y multa
La Fiscalía solicita para Lluís Puig una pena de dos años de inhabilitación y una multa de 5.940 euros por un delito de desobediencia. Tanto la Fiscalía como el Ayuntamiento de Villanueva de Sijena, que ejerce la acusación particular, argumentan que Puig incumplió la orden del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Huesca y no tomaron medidas para garantizar el traslado de las obras.
Antes del inicio del juicio, el exconseller ha asegurado que espera salir "bien" y poder cumplir su "sueño de volver al salón de plenos del Parlament como diputado"
Acto de Junts de apoyo al exconseller y diputado de Junts en el Parlament Lluís Puig ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC)
En el acto de apoyo a Puig, el secretario general de Junts, Jordi Turull, ha reprochado que el Govern no se solidarice con el exconseller.
"Esto pasó en otoño de 2017, y mientras la Guardia Civil preparaba el expolio del Museu de Lleida, el que es ahora presidente de la Generalitat se manifestaba con la extrema derecha en Cataluña para impedir un referéndum. Lo que debería hacer el presidente es confundirse con el paisaje y no darnos lecciones", ha subrayado.
Para Turull, el juicio a Puig es de carácter político y representa, a su juicio, un "acto de venganza de lo que es el Estado cuando se le deja vía libre, que es lo que fue el 155, para ir contra Cataluña".
En alusiones a las declaraciones de Turull, el president Salvador Illa ha mostrado su a Puig: "Deseo que vaya bien, lo digo sinceramente. Todo lo que digo lo hago, pero no todo lo que hago lo digo. Creo que queda claro y no quiero ser más explícito en este asunto".
El caso se remonta a 2015
El caso tiene su origen en una sentencia de abril de 2015 emitida por el juzgado de Huesca, que anuló la compraventa de 85 piezas de la Orden Sanjuanista del Real Monasterio de Sijena. Estas piezas fueron adquiridas por la Generalitat en 1983 y 1992, y por el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) en 1994.
La Generalitat apeló esta decisión, que no fue confirmada por la Audiencia de Huesca hasta el 30 de noviembre de 2017, momento en el que Puig ya no ocupaba cargos como conseller.
Imagen los bienes artístico del Monasterio de Sijena / EP
Esto se debió a que el Gobierno había activado el artículo 155 de la Constitución un mes antes, el 27 de octubre de 2017, tras la fracasada declaración unilateral de independencia (DUI).
El juzgado de Huesca acordó el 1 de diciembre de 2017 ordenar el traslado de las 44 piezas pendientes a las fuerzas y cuerpos de seguridad, por lo que se hizo efectivo el 11 de diciembre de ese año, con un coste de 12.932 euros que la empresa que lo realizó facturó a la Diputación General de Aragón.