El acceso a la vivienda sigue siendo una de las principales preocupaciones en Cataluña. Según el segundo barómetro del año del Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat, se trata del segundo gran problema para la ciudadanía, sólo por detrás de la insatisfacción con la política y las relaciones entre Cataluña y el resto de España.
Conscientes de esta situación, el Govern de Salvador Illa ha prometido ampliar el parque de vivienda social, con una inversión prevista de 4.400 millones de euros hasta 2030 para alcanzar un total de 50.000 viviendas asequibles.
Como parte de esta estrategia, la Generalitat anunció ayer martes la compra de 743 viviendas al fondo inversor Divarian mediante la fórmula del tanteo y retracto, un derecho preferente que permite a la administración adquirir inmuebles antes de que pasen al mercado libre.
Esta adquisición récord se enmarca dentro del programa Reallotgem, por el cual la Agència de l’Habitatge de Cataluña asume el alquiler de un piso con el propietario privado mientras la familia inquilina abona una cantidad proporcional a sus ingresos directamente a la administración.
Distribución de los pisos
Los 743 pisos comprados se distribuyen por diversas comarcas de Cataluña, aunque más de la mitad (487) se concentran en la zona de Barcelona.
Las zonas con mayor cantidad de viviendas adquiridas han sido el Vallès Occidental y el Barcelonès, seguidas de otras regiones donde la presencia de vivienda en manos de grandes tenedores era menor.