Imagen del asedio de Tsunami Democràtic al aeropuerto de Barcelona-El Prat
El Gobierno multiplicó sus subvenciones a la entidad que denunció a decenas de policías por el 1-O
El Ejecutivo español aportó casi medio millón de euros a Irídia desde 2021 a 2023, la mayor parte de ellos procedentes del Ministerio de Derechos Sociales, y ha superado a la Generalitat como principal fuente de sus ayudas públicas
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El Gobierno español ha disparado sus subvenciones en los últimos años a Irídia, la entidad que, junto a Òmnium Cultural, se presentó como acusación popular en el juicio contra 46 miembros de la Policía Nacional -además de anunciar un recurso contra su amnistía- por su actuación durante el referéndum ilegal de Cataluña de octubre de 2017.
Dicha entidad, que se define como "centro de defensa de los Derechos Humanos" y que, a lo largo del procés destacó por su asesoramiento legal a numerosos simpatizantes de la causa secesionista catalana, ha vuelto a ser noticia esta semana.
Irídia ejerce ahora la representación legal del magnate de la comunicación Jaume Roures en su denuncia contra dos inspectores de la Policía Nacional por haber apreciado en él posibles vínculos con la trama rusa del procés, en un informe que el juez Joaquín Aguirre aportó en la investigación del caso Voloh. Una causa que la Audiencia de Barcelona archivó a finales de 2024.
El 70% de sus ingresos procede de ayudas públicas
Esta asociación catalana sin ánimo de lucro, fundada en 2015 y que, según afirma en su página web, defiende “los derechos civiles y políticos” y denuncia “la violencia institucional”, se financia en gran parte gracias a las ayudas de las administraciones públicas.
En la actualidad, en especial gracias al Gobierno, que en 2023 se convirtió en su principal fuente de ingresos en este apartado. Además de otras como el Ayuntamiento de Barcelona.
Según el propio portal de transparencia de Irídia, las subvenciones públicas de ese año -el último actualizado por ahora- representaron casi el 70% de sus ingresos, que ascendieron a un montante total de ejecución de 850.596 euros.
El ministerio de Ione Belarra, fuente principal de las subvenciones
De esa cantidad, 581.651 euros procedieron de las subvenciones de diversas instituciones públicas. La mitad de ellos se los otorgó el Gobierno español a través de dos de sus ministerios: 285.298 euros del de Derechos Sociales y Agenda 2030 -encabezado en aquellas fechas por Ione Belarra (Podemos) y, desde noviembre de 2023, por Pablo Bustinduy (Sumar)-; y otros 9.000, del de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, liderado por el socialista José Manuel Albares.
El Gobierno multiplicó, así, casi por seis sus ayudas a Irídia en relación con el año anterior, ya que, en 2022, le había concedido una cantidad notablemente inferior: 47.207 euros, y únicamente a través de Derechos Sociales.
Medio millón de euros en tres años
La primera subvención de ese mismo ministerio a la entidad fue en 2021, y ascendió a 152.181 euros. De manera que, en tres años, el Ejecutivo de Pedro Sánchez aportó a sus arcas casi medio millón de euros en total (493.686).
Consultado sobre estas subvenciones, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 no ha respondido las preguntas formuladas por Crónica Global.
El Ejecutivo central supera a la Generalitat
El Ejecutivo español tomó así en 2023 el relevo de la Generalitat de Cataluña como principal aportador de subvenciones públicas de la entidad.
Y es que, al igual que ocurre ahora con el Gobierno central, el Govern catalán aumentó de forma notoria sus ayudas a Irídia hasta 2022. Una generosidad, la del Ejecutivo autonómico, que sólo llegó después del referéndum ilegal del 1-O, pues de no concederle ni un solo euro en subvenciones en 2017 y 2018, pasó paulatinamente hasta llegar a los 269.981 euros de 2022 -la mayor cifra hasta entonces-, desglosados de la siguiente manera: 89.840 euros procedentes de la Generalitat y otros 180.141, de su Agencia Catalana para la Cooperación y el Desarrollo (ACCD), adscrita a la Consejería de Acción Exterior y Unión Europea.
Casi 400.000 euros del ayuntamiento de Colau
En 2023, sin embargo, el Govern volvió a reducir sus aportaciones a Irídia, quedando en 27.000 euros por la vía directa; 34.758 a través del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC); más otros 14.600 euros a través de contrataciones.
Además de Gobierno y Generalitat, otra administración que le ha aportado subvenciones de forma regular es el Ayuntamiento de Barcelona: un total de 376.278 euros desde 2016 a 2023, más otros 30.000 en convenios y 30.340 en contrataciones. Durante esos años, hasta mayo del 23, Ada Colau (Barcelona en Comú) fue la alcaldesa de la ciudad.
“Supervisión de las actuaciones policiales”
Ya de cara a 2024, el Ministerio de Derechos Sociales previó una partida de 147.905 euros para Irídia destinada a investigar actuaciones policiales.
Así se aprecia de una convocatoria para “actividades relacionadas con la promoción e implementación de la Agenda 2030” que, según publica la web de Irídia, lleva por título: “Ciudadanía activa por la estrategia 2030: creación de un mecanismo independiente de supervisión de las actuaciones policiales para un espacio cívico próspero en España”.
Disturbios de Tsunami Democratic en los alrededores del Camp Nou el 19 de diciembre de 2019
Asimismo, para 2024, el ministerio y su Secretaría de Derechos Sociales también previó otorgarle otros 28.742 euros en ayudas para “un sistema de monitoreo en red para la investigación y protección de víctimas de violaciones de derechos humanos, tortura y trata”.
A ello cabe añadirle otros 12.000 euros del Ministerio para la Transformación Digital en “ayudas a pequeñas y medianas empresas”.
“Racismo policial en el Estado español”
Irídia elabora informes periódicos en los que denuncia “violencia institucional” en España –reclamando, además, a las administraciones que creen un “mecanismo independiente de supervisión de la policía”-; su último dosier lleva por título “Racismo policial en el Estado español”.
Entre sus acciones más recientes, figura la interposición de un recurso ante el Tribunal Constitucional “por las graves vulneraciones de derechos vinculadas a la falta de investigación de las infiltraciones policiales”.
"Persecución de la disidencia en España"
El alineamiento de Irídia con encausados del secesionismo a lo largo del procés quedó reflejado, por ejemplo, en 2018, cuando impulsó, junto a otras entidades, la plataforma International Trial Watch en busca de "observadores internacionales" para el juicio a los líderes del golpe de 2017 en Cataluña.
También en 2018, Irídia promovió una campaña para denunciar lo que denominó "persecución de la disidencia en España", junto a asociaciones como Òmnium Cultural.
Más recientemente, Irídia y otras ocho entidades expresaron, a mediados de 2024, su rechazo a la Ley de Seguridad Ciudadana y a la Reforma del Código Penal en un manifiesto denominado "Protestar no es terrorismo".
Según afirmaba en esas fechas, "en la actualidad, el caso más grave —que no el único— es la investigación abierta en la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo por terrorismo contra el movimiento catalán Tsunami Democràtic". Aludiendo así a la plataforma secesionista convocante de movilizaciones como el asedio del aeropuerto de El Prat y el bloqueo de infraestructuras para protestar contra las condenas de los mandatarios del procés en 2019, algunas de las cuales derivaron en graves disturbios.
