La eliminación de los beneficios fiscales al proyecto Hard Rock de Tarragona deberá esperar. Junts per Catalunya (JxCat) ha registrado enmiendas a la totalidad a las proposiciones de ley que presentaron esta semana ERC y los Comuns, en las que se pedía acabar con las rebajas fiscales aprobadas en 2014 para facilitar el desarrollo del macrocasino.
Tras aprobar en el Parlament la tramitación de las proposiciones, la votación estaba prevista para el pleno de la próxima semana. Sin embargo, los neoconvergentes solicitarán un dictamen al Consejo de Garantías Estatuarias (CGE).
Este paso paraliza todos los trámites hasta que el Consejo emita su dictamen no vinculante. Este organismo consultivo dispone de siete días para hacerlo, por lo que la votación saltará hasta el pleno siguiente, que está previsto para la última semana de enero.
Afectación "negativa" para Cataluña
JxCat considera que la decisión sobre la rebaja fiscal "afectará económicamente y socialmente a las comarcas del Camp de Tarragona y también a las cuentas de la Generalitat, una vez realizados un concurso público y una adjudicación que han generado compromisos económicos y jurídicos", ha informado el partido este viernes en un comunicado.
Para la portavoz de Junts, Mònica Sales, el sur de Cataluña "no puede ser moneda de cambio", por lo que ha reclamado "un proceso de escucha activa" sobre el proyecto del Hard Rock.
En riesgo el futuro del Hard Rock
El miércoles, republicanos, comuns y socialistas aprobaron las dos proposiciones de ley para eliminar las bonificaciones fiscales al juego. La norma, aprobada durante el mandato de Artur Mas, reducía el tipo impositivo de los casinos del 55% al 10%.
La eliminación de estas rebajas fiscales para los casinos podría alterar los planes de los impulsores del Hard Rock en Tarragona.
Tumbó una legislatura
El Hard Rock ha sido uno de los proyectos más polémicos. En plenas negociaciones para los presupuestos de 2023, el gobierno de Pere Aragonès (ERC) se comprometió a que el macrocasino siguiese adelante para lograr el apoyo del PSC, ya que la suma entre republicanos y comuns no era suficiente.
Sin embargo, socialistas y comuns exigían condiciones antagónicas. El conflicto político llevó a Cataluña al adelanto electoral.
Ahora, los socialistas han cambiado de posicionamiento al considerar que desde que se aprobó la ley en 2014, la "situación socioeconómica ha cambiado y se ha pasado de los recortes y la austeridad al debate sobre la armonización fiscal".