Barcelona tendrá más juzgados que Madrid para combatir la multirreincidencia. Es la medida estrella del plan de choque anunciado por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y el conseller de Justicia y Memoria Democrática, Ramon Espadaler, este miércoles tras una reunión en la Generalitat.
El Gobierno creará cinco nuevos juzgados contra los delitos leves: cuatro de lo penal y uno de instrucción. Así, la Ciudad Condal contará con 33 (de los que 25 son estructurales), frente a los 31 de la capital española, ha destacado Bolaños.
Objetivo, seis meses
El objetivo, que Barcelona tenga la misma capacidad de señalamientos que el resto del país. Si bien la ciudad catalana tarda entre 13 y 14 meses en señalar un juicio rápido, ambas Administraciones pretenden rebajar el plazo a seis meses.
Los juzgados de refuerzo entrarán en funcionamiento durante el primer trimestre de 2025, pero el plazo marcado para dar el sistema por descongestionado es de dos años. El conseller Espadaler ha hecho referencia a ello: "Tenemos un problema, nunca lo hemos escondido, y no se resolverá de la noche a la mañana, pero hemos alineado ambas Administraciones por un objetivo compartido".
Menos juzgados, el doble de señalamientos
El ministro ha ejemplificado el colapso de la justicia en Cataluña con varios datos.
"Barcelona tiene dos juzgados de lo penal menos que Madrid, pero señala el doble de juicios por delitos de hurto", ha dicho, explicando, además, que 487 individuos han cometido 6.169 delitos en un solo año en la capital catalana.
En la reunión --presidida por el jefe del Govern, Salvador Illa, y en la que también ha participado el alcalde Jaume Collboni-- también se ha acordado la creación de una comisión de seguimiento que servirá para analizar el despliegue del plan.
Avances en la Guardia Urbana
Otra de las medidas destacadas del plan de choque anunciado hoy incluye un importante avance para la Guardia Urbana.
Los agentes locales tendrán acceso a la herramienta Siraj, del Ministerio de Justicia. Esta acoge una base de datos unificada que permitirá saber si el individuo que están deteniendo tiene antecedentes, para dirigirlo al órgano judicial correspondiente.
Este simple paso reducirá en hasta 10 meses los trámites posteriores al arresto y que contribuyen al colapso del sistema. Algo visto por Collboni como "algo muy relevante" porque "si tienen antecedentes, podrán ir directamente a los juicios rápidos".