Turull (Junts) recurre al Constitucional tras la negativa del Supremo a amnistiarle
- El secretario general neoconvergente se revuelve contra la decisión del Alto Tribunal de no exonerar el delito de malversación y exige a la Corte de Garantías que le suspenda la inhabilitación
- Por otro lado: Fiscalía pide el indulto total para Junqueras tras el portazo del Supremo a su amnistía
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El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha presentado un recurso de amparo al Tribunal Constitucional ante la negativa del Tribunal Supremo a aplicarle la ley de amnistía. Pide que se apliquen medidas cautelares para suspender su inhabilitación.
En el recurso, la defensa de Turull argumenta que el Supremo se ha basado en una "interpretación imprevisible, extravagante y analógica" para excluirlo de la aplicación de la ley de amnistía, alegando que el delito de malversación por el que fue condenado se cometió con el propósito de obtener un beneficio personal de carácter patrimonial.
Además, critica que el Supremo, para tomar esta decisión, se haya apartado de los hechos declarados probados en la sentencia condenatoria y que analice nuevos hechos que no fueron objeto de acusación y que no se debatieron en el juicio.
A vueltas con la malversación
La defensa sostiene que el delito de malversación por el que fue condenado Turull encaja en el supuesto de la Ley de Amnistía, pues se enmarca dentro de la consulta celebrada el 1 de octubre de 2017 en Cataluña, de su preparación y de sus consecuencias y que tuvo como intención "reivindicar, promover o procurar la secesión o independencia de Catalunya y dirigido a financiar, sufragar o facilitar la realización de la citada consulta".
Sobre el hecho de que el Supremo alegue que el propósito fue obtener un beneficio personal, el recurso sostiene que se trata de una interpretación "absolutamente extravagante" pues los fondos no llegaron a ingresarse. También que en ningún caso en el patrimonio de Turull ni este obtuvo una contrapartida por comprometerse a sufragar el referéndum, y niega que tales compromisos de gastos --algunos no se hicieron efectivos-- afectaran a los intereses de la UE, el segundo supuesto que el Supremo alega para negarle la amnistía.