El Tribunal Supremo ha dejado a tasa de recogida de basuras de Barcelona fuera de la ley al avalar su fórmula actual: vinculada al consumo de agua, un cálculo obsoleto. El alto tribunal ha confirmado el impuesto municipal de la Ciudad Condal atado a la factura del agua, pero la legislación comunitaria que entrará en vigor en 2025 ya prohíbe este método de cálculo.
En un comunicado, la máxima instancia judicial ha informado de que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS estima el recurso de casación presentado por el Ayuntamiento de Barcelona en 2022 contra un fallo anterior del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que anulaba el gravamen.
Cabe recordar que la segunda instancia judicial revocó el cargo aprobado en 2020, y ahora el Supremo la ha corroborado en su forma actual.
Fuera de la ley
La decisión del Supremo, no obstante, supone un revés al ayuntamiento. Es así porque confirma el cálculo de la tasa local de basuras en su configuración actual: atada al consumo de agua de los hogares.
Fachada del Tribunal Supremo
La Unión Europea (UE) ya ha desarbolado esa idea. Las instituciones comunitarias rechazaron que el consumo de residuos de los hogares se estime conforme a su dispendio de agua por medio de una directiva emitida en 2018. España traspuso esa nueva norma en la Ley de residuos y suelos contaminados [ver aquí] de 2022, que introduce el concepto de pago por generación.
La clave: "En el momento de la aprobación"
La parte nuclear del fallo del Supremo es la que hace referencia a la "normativa aplicable" en el momento de la entrada en vigor de la ordenanza municipal que dio andamiaje legal a la nueva tasa en 2020.
En el momento de aprobación del nuevo impuesto --año pandémico-, aún no se había traspuesto la normativa comunitaria de generación de residuos. Ocurrió en 2022. Por ello, la normativa aplicable es diferente, y la tasa quedará fuera de la ley en 2025.
Polémica
En cualquier caso, cabe recordar que la tasa de residuos entró en vigor de forma controvertida, pues las economías domésticas y corporativas de Barcelona acusaban el golpe del coronavirus en 2020.
Eloi Badia, diputado de Sumar y exconcejal en Barcelona
Pese a ello, el Ayuntamiento de Barcelona --gobernado entonces por la alcaldesa Ada Colau, con el concejal Eloi Badia como gran valedor del impuesto-- recaudó unos 60 millones de euros con la carga a los ciudadanos en los primeros dos años.
El TSJC la anuló y el Supremo llega tarde
En julio de 2022, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) anuló la ordenanza. Como en otras normativas elaboradas por los comunes, la segunda instancia judicial detectó falta de rigor en la memoria económica.
El ayuntamiento recurrió en casación al Supremo, que ahora ha validado el gravamen. Eso sí: lo ha hecho cuando la nueva normativa de residuos en vigor en España, por lo que la victoria municipal es, más que pírrica, inocua.