El 'conseller' de Educación de la Generalitat, Josep Gonzàlez Cambray, visitando la escuela de Canet de Mar donde una familia pide ejecutar la sentencia del 25% de castellano / EFE

El 'conseller' de Educación de la Generalitat, Josep Gonzàlez Cambray, visitando la escuela de Canet de Mar donde una familia pide ejecutar la sentencia del 25% de castellano / EFE

Política

Fiscalía pide cárcel por el acoso a la familia de Canet que pidió un 25% de clases en castellano

El ministerio público acusa a los tres investigados de delitos contra la integridad moral y pide que se les condene a indemnizar con 9.000 euros en total a la alumna y a sus padres, por los daños que les causaron con sus mensajes en Twitter

9 abril, 2024 16:17

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La Fiscalía pide dos años de cárcel para cada uno de los tres tuiteros acusados de "denigrar y vejar" a la familia de una alumna de Canet de Mar (Barcelona) que logró, por vía judicial, que se impartieran un 25% de materias en castellano en su clase, a raíz de lo cual sufrieron mensajes humillantes que instaban a su "aislamiento social".

En un escrito, el Ministerio Público acusa a los tres investigados de delitos contra la integridad moral y pide que se les condene a indemnizar con 9.000 euros en total a la alumna y a sus padres, por los daños que les causaron con sus mensajes en Twitter.

La familia fue objeto de mensajes de acoso en redes sociales a lo largo del mes de diciembre de 2021, después de que lograran que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ordenara impartir un 25% de clases en castellano en la escuela Turó del Drac de Canet, donde la menor estudiaba educación infantil.

Hostilidad y mensajes "humillantes e hirientes"

Según mantiene la Fiscalía en su escrito, la iniciativa de esta familia de Canet generó "un movimiento de respuesta hostil con multitud de publicaciones" en Twitter, donde diferentes usuarios "difundieron en sus respectivas cuentas expresiones humillantes e hirientes" contra ella.

En algunas de esas publicaciones, prosigue el ministerio público, "se hacían llamamientos al aislamiento del menor por parte de sus compañeros de colegio y, por lo tanto, a su exclusión social por el hecho de ejercitar su derecho a usar la lengua castellana en los términos establecidos por los tribunales".

Intimidación para que desistieran

"Con tal modo de proceder, perseguían generar en dicha familia sentimientos de angustia y dolor que les hicieran desistir de su pretensión, sirviendo además de aviso para otras que, como ella, pudieran tener idénticos planteamientos lingüísticos", sostiene la acusación pública.

En ese contexto de "humillación y promoción explícita del aislamiento del menor", según la Fiscalía, uno de los acusados publicó el mensaje: "entonces cread el grupo P5Ñ, ponéis al niño solo y le hacéis 50-50".

Insultos

Otro de los encausados, añade el escrito de acusación, insultaba a los padres de la menor llamándoles "terroristas" o los calificaba de "colonos inadaptados e intransigentes".

"Queremos saber el nombre y la dirección donde vive la familia", el pueblo "tiene que hacer la vida imposible a la familia" o "hay que demostrar que la próxima familia que lo haga tendrá que marcharse del pueblo" son otros de los mensajes que destaca la Fiscalía en su escrito.

El ministerio público mantiene que los acusados suscribieron en Twitter ese tipo de comentarios y otros que podían inquietar a la familia de Canet, "por contener anuncios de males futuros como represalia a la acción de los denunciantes", como: "me apunto a ir a apedrear la casa de ese niño".

Propósito de causarles "dolor"

Con ese tipo de publicaciones, concluye la Fiscalía, cada acusado perseguía provocar "dolor" a la familia así como llamar a su "aislamiento social" con el fin de "denigrar y vejar" a sus miembros.

Además, al difundir los mensajes "de forma masiva e indiscriminadamente" desde perfiles públicos de internet, los acusados "dotaron a los contenidos de proyección social suficiente para que la familia concernida tuviera conocimiento de sus respectivos comentarios a través de redes sociales o de terceros".

La Fiscalía de Delitos de Odio de Barcelona abrió una investigación sobre el caso a raíz de las denuncias de Hablemos Español, Asamblea para la Escuela Bilingüe (AEB) y Vox.