Las ultras ANC y Plataforma per la Llengua denuncian "españolismo" tras la misión europea que analiza la inmersión lingüística

La ultranacionalista Assemblea Nacional Catalana (ANC) considera que el informe de la misión europea sobre el modelo de inmersión lingüística es un "ataque directo" al catalán y "un intento de acabar" con este sistema que prioriza la educación en esta lengua en detrimento del castellano.

Para la ANC, entidad que contribuyó al pleno desarrollo del procés, la misión europea que viajó a Cataluña en diciembre tiene un "claro sesgo a la derecha" y ha hecho "suyas las tesis del españolismo", ha publicado la Assemblea en un breve mensaje en X: "¡El catalán no se toca!".

"Las tesis del españolismo"

También ha reaccionado a este asunto la ultra Plataforma per la Llengua, que ve "argumentos engañosos" en el informe preliminar de la misión europea. Igual que la ANC, la autodenominada ONG del catalán considera que "hace suyas las tesis del españolismo y hace unas recomendaciones sesgadas a las autoridades para que actúen para ampliar el uso del castellano en la escuela".

Por su parte, la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) ha pedido acabar con la "discriminación lingüística" en la escuela catalana tras el borrador de dicho informe preliminar: "Es importante que el informe apele a la necesidad de respetar los derechos lingüísticos en un contexto de diversidad cultural".

Discriminación por razón de lengua, prohibida

El borrador de la misión recuerda el carácter constitucional del "derecho a recibir la enseñanza en castellano" y considera que "el sistema educativo en Cataluña debe dar el mismo tratamiento tanto al castellano como al catalán como lengua vehicular de la enseñanza". "Toda discriminación por razón de lengua está explícitamente prohibida por el artículo 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea", advierten.

Los propios eurodiputados señalan su preocupación porque la "falta de acción" para aplicar la sentencia del 25% de castellano en las aulas haga que los ciudadanos "tengan que buscar reparación judicial para su propio caso individualmente", y esto "desencadene la exclusión social o, en algunos casos, la intimidación y el acoso contra los niños y los padres".