David Fernández siente "asco" por la intervención de su móvil en el 'caso Tsunami': "Han leído conversaciones con mi madre sobre fruta"

El exdiputado de la CUP David Fernández ha asegurado sentir “asco” al conocer que la Audiencia Nacional autorizó a la Guardia Civil a que instalara un software espía en su teléfono en 2020 en el marco de la investigación contra Tsunami Democràtic. Pese a que el programa no se instaló por problemas técnicos ajenos a la investigación, sí se intervinieron algunas de sus conversaciones telefónicas.

“Fisiológicamente la reacción es de asco, políticamente también”, ha expresado este viernes el cupaire en declaraciones a TV3 tras leer el sumario de la causa en la que no ha sido imputado. “En la página 80 aparece: 'David Fernández habla con una María Celina (Mamuchi)', que es mi madre. Como comprobaréis, en mitad del invierno hablábamos de estufas y de fruta, que le dejo fruta en la nevera”, ha desvelado.

Espiaron 40 dispositivos

El de Fernández fue uno de los 40 dispositivos móviles que el magistrado Alejandro Abascal, que reforzaba a Manuel García-Castellón, autorizó espiar, según han avanzado El País y Vilaweb, para conocer las identidades de los promotores de Tsunami Democràtic, la plataforma que organizó el bloqueo del Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat o de la AP-7 en La Jonquera (Girona).

“Es el Estado entrando en tromba en la vida de los demás”, ha denunciado el cupaire, en cuyo teléfono intentaron instalar un software que permite, de forma remota, consultar la agenda de contactos, el historial de navegación web y la actividad en redes sociales, así como activar el micrófono para captar el sonido ambiente.

El fiscal, en contra

La justificación del juez para autorizarlo se reduce a que Fernández fue el primero en utilizar el término Tsunami Democràtic en 2014, en referencia a la primera consulta ilegal de autodeterminación.

El diputado catalán no descarta emprender acciones legales tras descubrir en el sumario judicial conversaciones privadas con su madre y su pareja irrelevantes y que no tienen relación con la causa que se investigaba por considerarlo un ataque contra su derecho a la privacidad y la intimidad. De hecho, según recoge Vilaweb, el propio fiscal de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, consideró que no existían indicios de la comisión de delitos tan graves que justificaran el uso de una medida tan invasiva.