Los cuatro casos de corrupción municipal más sonados en España

Las elecciones municipales tuvieron lugar hace seis meses y la lupa judicial sigue puesta en varias localidades españolas por las actuaciones de sus equipos de gobierno, algunos de los cuales han sido refrendados en las urnas. Hay cuatro grandes casos de corrupción en curso y, entre las investigaciones más recientes, destaca la de la localidad murciana de San Javier. Su alcalde, José Miguel Luengo Gallego (PP), está salpicado por un caso por corrupción, prevaricación y amenazas.

La Fiscalía de Cartagena investiga el proceso de licitación del servicio público de abastecimiento de agua potable y alcantarillado que fue adjudicado a Aqualia. Se trata de un contrato valorado en 247 millones de euros en el que se han hallado indicios de apaños en el proceso de concurso público. Se advierte que durante la licitación se cometió un delito de prevaricación administrativa del artículo 404 del Código Penal.

Una oferta económica que superaba el límite y que ganó

Las sospechas se centran en la consultora Ingeagua. Invitó a FCC Aqualia a participar en el procedimiento y es uno de sus clientes. Además, la firma que resultó ganadora obtuvo la máxima puntuación en la mesa de adjudicación, hecho que sorprendió porque la oferta económica que presentó superaba en más de 16 millones de euros el límite permitido en las plicas. Era el 56% más alta que la de sus competidoras.

No es la única cuestión del concurso que levantó polvareda. Luengo Gallego fue empleado durante tres años en el principal contratista de obras propuesto por Aqualia. Es uno de los indicios más claros de conflictos de interés que arrastra la concesión de agua en este municipio murciano y que se investiga a fondo en los juzgados.

Generó directamente estupor que el propio alcalde ejerza de presidente de la Mesa de Contratación del municipio, el órgano que resuelve los contratos públicos de la localidad. Entre sus funciones está la de puntuar a los licitadores en las diferentes fases de los concursos públicos en base a criterios objetivos, en teoría, y elegir al mayor licitador. Fue esta mesa la que dio luz verde en septiembre al contrato con Aqualia en el concurso público que ha levantado polvareda.

Amenazas del alcalde al líder de la oposición

No es la única causa que afecta al alcalde murciano. Luengo Gallego ha estado implicado en un juicio por amenazar al presidente del partido de la oposición, Pleamar. El día de las elecciones municipales, Manuel Reyes, presidente de Pleamar, se acercó a saludar a su rival político y a su esposa. Fue en ese momento cuando el actual alcalde de San Javier perdió los nervios y amenazo a Reyes.

Según se recoge en la denuncia ante la Guardia Civil de San Javier, el actual alcalde se habría enfrentado a Reyes Crespo diciéndole que “la política tiene un límite y te has sobrepasado, eres un sinvergüenza, voy a por ti, te arrastrarás hacia mí e iré a por tus propiedades y por la farmacia de tu esposa”. Explica que fue esta amenaza sobre el negocio familiar la que motivó formalizar la denuncia.

Los audios de la vergüenza de Ourense

En el otro extremo del país también ha estallado un caso de corrupción que levanta polvareda. El actual alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome (Democracia Ourensana), es investigado por la Fiscalía local por posibles delitos de prevaricación, cohecho, malversación y tráfico de influencias.

Días después de las elecciones municipales, salieron a la luz unos audios de Pérez Jácome en los que se jactaba de saber blanquear dinero negro, de realizar pagos en B, endosar multas propias a los funcionarios del ayuntamiento y mostraba su temor en acabar en “chirona”. Además, tildaba a su jefe de gabinete de “el conseguidor” y degradaba a su personal de confianza.

Audios claros que salen a la luz

La Fiscalía intervino a partir de la denuncia interpuesta por el PSOE ourensano. El partido dio el paso tras la publicación de hasta cuatro grabaciones comprometedoras del alcalde gallego. Lo publicó un periódico local y en ellos se pueden escuchar a Jácome hablar de blanquear dinero: “Y digo yo, ¿cómo vas a hacer? Porque, joder, tanto dinero en B… ¿Cómo lo vas a blanquear para poder gastarlo en la campaña?”, pregunta alguien al otro lado del teléfono. “Pues con donaciones de la gente. Yo a nivel fiscal controlo”, responde el alcalde.

En otros mensajes habla de la forma de conseguir dinero de compañías que han obtenido grandes concesiones locales. También intenta contratar a un conseguidor que ha servido de intermediario o de que dos funcionarios del concello asuman una multa que le han puesto a su coche oficial.

Cinco millones irregulares

Por otro lado, durante la campaña electoral, el alcalde de la ciudad también fue denunciado por el PSOE de Ourense ante la Junta Electoral por la puesta en marcha de unas rampas mecánicas de Concordia en un periodo prohibido por la coincidencia de la campaña.

Se le investiga por los supuestos delitos de prevaricación administrativa, malversación de fondos públicos y tráfico de influencias, al adjudicar a dedo el contrato por valor de cinco millones de euros para su construcción.

Presuntas prácticas mafiosas en La Laguna

En San Cristóbal de La Laguna, municipio ubicado en Santa Cruz de Tenerife, el alcalde Luis Yeray (PSOE y Secretario General de los socialistas laguneses), es investigado por actuar como una supuesta mafia local. Se le otorga este adjetivo por la forma en que presuntamente da instituciones, ya que se tienen indicios de que incluyen maniobras ilegales que implicarían desde las asociaciones de vecinos a las empresas concesionarias. También se intenta probar si ha extorsionando a empresarios que trabajan en el municipio.

En una denuncia interpuesta por Ciudadanos y Coalición Canaria, se acusa a Yeray de haber fraccionado cientos de concursos para dar lugar a contratos menores que podía adjudicar a dedo. Se apunta que las recibían empresas de nueva creación que estaban administradas por familiares suyos y que se habrían distraído unos tres millones de euros públicos, tal y como ha corroborado el Secretario del Pleno.

Otras decisiones que levantan polvareda de Yeray

Al inicio de la legislatura, el alcalde socialista Yeray cambió el sistema de fiscalización de la contratación menor del Ayuntamiento de La Laguna. Hasta ese momento existía una fiscalización previa de toda contratación de este tipo. El interventor municipal realizaba un informe y se evitaba de esta forma irregularidades. Al retirar dicha fiscalización previa, la localidad se ha quedado sin mecanismos de control sobre los contratos que realiza el organismo.

Otro antecedente judicial que ostenta Yeray fue en 2006. En ese ejercicio fue condenado por el Juzgado de lo Penal 5 de Santa Cruz de Tenerife a seis meses de prisión como autor criminal y civilmente responsable de un delito de allanamiento. Fue la pena recibida por entrar a la fuerza al Parlamento de Canarias, forzando a patadas unas puertas de emergencia. También fue condenado a un año de prisión por atentar a la autoridad, al agredir a un agente de la policía.

‘Caso Efial’, 10 años de presunta corrupción y 20 ayuntamientos implicados

Uno de los grandes casos de corrupción municipal fue el caso Efial. Tuvo lugar entre 2013 y 2022 y salpicó a más de una veintena de ayuntamientos en los cerca de 10 años que se extendieron las prácticas corruptas. Hay piezas abiertas que afectan a los exalcaldes de Chinchón, Velilla de San Antonio, Ametlla de Mar, Torredembarra, Ascó o Vandellós, entre otros.

En la actualidad, el caso está pendiente de resolución judicial. El Juzgado Central de Instrucción número 4 de Madrid afirmó en un auto que los hechos eran constitutivos de un delito de prevaricación administrativa. Se observaron la existencia de un mecanismo fraudulento que consistía en eludir los controles legales en la adjudicación de concursos y contratos públicos.

Una gestoría en la función pública

Los investigados de la mercantil Efial, que posteriormente se llamó Consultoría en Gestión Innovadora S.L., asumieron tareas propias de los funcionarios públicos. Hasta el punto de participar de forma ilegal en los procesos de concurso oposición, actuando como asesores propuestos por el alcalde y facturando por elaborar las bases de los concursos.

El modus operandi consistía en crear empresas municipales públicas en donde Efial asumía el control de una entidad pública empresarial, aparentemente vacía de capacidad ejecutiva, pero que facilitaba la elusión del control administrativo de lo que allí ocurría.

Investigación iniciada en El Vendrell

Esta investigación se inició en 2013 en un juzgado de El Vendrell (Cataluña). Se iniciaron las diligencias a raíz de una denuncia de Fiscalía por posibles irregularidades en la contratación pública del Ayuntamiento de Torredembarra, acusando a Daniel Massagué (CIU), el por entonces alcalde.

Este tribunal apreció la existencia de un mecanismo fraudulento realizado por la mercantil Efial en numerosos ayuntamientos de Cataluña. Implicaban a Andreu Martí García, alcalde de L'Ametlla de Mar; Josep Jaume Castellnou, alcalde de Vandellós o Rafael Vidal, alcalde de Ascó. Todos ellos pertenecían a la extinta Convergència i Unió (CiU). La magnitud de los implicados ocasiono el traslado de esta investigación a la Audiencia Nacional.

En Madrid, la investigación de la pieza por las mismas prácticas ilegales afectó a los ayuntamientos de Chinchón, Collado Villalba, Getafe, Velilla de San Antonio, Meco, Móstoles y Torrejón de Ardoz.