El Govern insiste en su ofensiva contra el castellano. La consellera de Educación, Anna Simó, ha anunciado que recurrirá la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) sobre Canet de Mar (Barcelona) que, a su parecer, tiene un "sesgo político inadmisible". Estas declaraciones se han producido después de que el tribunal haya dado la razón a los padres de un alumno de la escuela Turó del Drac, que pedían una educación bilingüe para su hijo --y sufrieron el acoso independentista por ello--, en contra de la inmersión lingüística monolingüe en catalán pretendida por la Administración catalana.
De este modo, la justicia ha fallado que el colegio deberá mantener una segunda asignatura en español más allá de la hora de Lengua, pero no habla de porcentajes. Algo que no ha agradado al Govern de Pere Aragonès, que ha salido a la defensiva asegurando que presentarán un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
"Van a lo que van"
Desde Sabadell, Anna Simó ha dicho que el TSJC no se ha movido "ni un ápice" respecto a pronunciamientos anteriores, a pesar de que, ha señalado, la última normativa aprobada por la Generalitat no establece porcentajes para las lenguas. Sin embargo, el tribunal "sigue con su dinámica habitual, cambiando porcentajes e innovando, porque habla de asignatura principal cuando este concepto no existe en ninguna ley", ha criticado.
En este sentido, ha cargado contra el tribunal por darle "igual", dice, las leyes de educación, la pedagogía y la sociolingüística. "Van a lo que van. Intentan hacer de Parlament, de Conselleria y de direcciones de centro. No es la vía", ha espetado. Asimismo, ha advertido de que su Conselleria estará para garantizar que los alumnos dominen las lenguas oficiales cuando acaben la etapa de la ESO. Y ha remarcado que, quien está politizando la educación, no es la Generalitat sino aquellos que la judicializan.
Por todo ello, la consellera ha afirmado que su gobierno en minoría seguirá con el despliegue de la ley sobre el uso y aprendizaje de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria, y continuará los trámites del decreto de régimen lingüístico del sistema educativo catalán, que dará "seguridad y concreciones".