Enésima polémica lingüística en Cataluña por la imposición del catalán y el arrinconamiento del castellano en la educación. En esta ocasión, la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) denuncia que el colegio concertado Jesús Maria de la calle Tamarit de Barcelona, que educa a niños de 3 a 6 años, orilla el español y lo trata como si fuera “de otro país”, sugiriendo que “los castellanohablantes no son catalanes”, en palabras de esta organización.
El centro ya deja claro en su página web que “el catalán es la lengua vehicular”. Pero la AEB ha compartido en sus redes sociales un documento en el que se explica el proyecto de la escuela, y en el que se deja muy claro que “la lengua castellana no se introduce en la etapa de educación infantil”. La entidad añade que en ese barrio hay “mayoría de alumnos de origen latino y asiático”.
“Lenguas que no son la nuestra”
En otro documento compartido en las redes sociales, la AEB muestra el proyecto lingüístico del Jesús Maria, en el que el colegio explica que “la lengua es un componente imprescindible de la identidad de una persona”. Sin embargo, solo apuesta en su programa por el catalán y el inglés, pero “sin dejar a un lado aquellas lenguas y culturas de otros países que están presentes” en esta escuela infantil “a través de alumnado de fuera de Cataluña”, se puede leer en el texto.
“Desde la escuela y desde el aula se tiene cuidado a la hora de fomentar el respeto por las lenguas y culturas que no son la nuestra y que, al mismo tiempo, nos pueden enriquecer y ayudar en una educación para la interculturalidad y la cohesión social”, prosigue el texto del Jesús Maria.
Ni una hora en castellano
En este escenario, la AEB considera que “los alumnos saldrán de esa escuela a los 6 años sin haber hecho ni una hora de aprendizaje en castellano”. “Una escuela que se define como cristiana, inclusiva e integradora”, concreta, termina la AEB.
Hay que recordar que este no es el primer caso de este tipo, pues hace unos días se conoció también que un colegio de Sant Feliu asocia el castellano con “la inmigración que viene de España”. Y, todo ello, con la connivencia de un Govern que ha echado mano de triquiñuelas para evitar el cumplimiento de las sentencias judiciales que dicen que al menos un 25% de la educación pública debe ser en español.