El movimiento vecinal de Cataluña une sus fuerzas para exigir a las administraciones que se pongan manos a la obra para retirar el amianto presente en multitud de edificios, construcciones de toda la autonomía. Así lo ha reclamado este miércoles la Confederación de Asociaciones de Vecinos de Cataluña (CONFAVC), planteando la necesidad de adoptar medidas como la elaboración de un censo de lugares y equipamientos en los que este material potencialmente cancerígeno está presente y un plan específico para retirarlo.

El vicepresidente de la entidad, Albert Torrents, ha advertido en Barcelona de que "el amianto no es pasado, sino presente: está matando ahora". Y ha recordado que, según fuentes europeas, este material "mata a entre 70.000 y 90.000 personas al año en los países de la UE".

Por eso, plantean diversas medidas como por ejemplo promover formaciones especializadas para los equipos técnicos que se encarguen de su retirada --una labor que requiere máxima protección y cuidado, dada su peligrosidad--, instar a la Generalitat de Cataluña a dotar de recursos suficientes su plan de acción, y agilizar las tramitaciones de los permisos para detectarlo. Asimismo, se plantea crear comisiones vecinales en todos los municipios catalanes para presionar a las administraciones locales e informar a la ciudadanía sobre "este veneno presente".

Objetivo: 2028

A día de hoy, se estima que en Cataluña pueden existir alrededor de un millón de edificios con presencia de amianto --un material prohibido en España desde 2002, y que el siglo pasado se usaba por ejemplo para elaborar fibrocemento--, y se reclama acelerar su retirada, en especial en los edificios públicos y alrededor de las escuelas.

La legislación española obliga a quitar el amianto en caso de mal estado en la construcción, y la Unión Europea fija como objetivo su retirada, esté o no en mal estado, en los edificios públicos antes del 2028, y en todos en 2032.

Quejas por la "inacción de las administraciones"

La Ley 07/22 de residuos y suelos contaminantes para una economía circular establece que antes de mayo de 2023 los ayuntamientos tenían que haber localizado el amianto presente en todas las ciudades, y fijado un calendario para quitarlo. No en vano, su estado en las construcciones se deteriora con el paso del tiempo, lo cual aumenta su peligro, pues con ello se desprenden las fibras de este mineral, que pueden ser inhaladas de forma imperceptible por la ciudadanía, y originar cánceres en los años posteriores.



Según los representantes vecinales, la legislación de Cataluña derivó en el Plan Nacional para la Erradicación del Amianto, que se tiene que desplegar en el periodo 2023-2032, con la creación de una comisión en la que participa la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB).



"A pesar de este marco legislativo, muchas asociaciones de vecinos y federaciones vecinales han constatado la inacción de las administraciones locales", han denunciado este miércoles los representantes de la CONFAVB, quienes han recordado, por ejemplo, que muchos niños tienen que ir cada día a centros educativos públicos con presencia de amianto.

Afectación en escuelas y mala praxis

Las entidades vecinales también alertan sobre la mala praxis a la hora de elaborar los censos de construcciones afectadas y de diagnosticar las localizaciones del amianto. En las geolocalizaciones con drones, por ejemplo, se retratan vistas aéreas que pueden identificar tejados de uralita con fibrocemento, pero "sin tener en cuenta que el amianto también se encuentra en cañerías y otros elementos de construcción usados en los interiores de los edificios".



Según Lluís Mallart, geógrafo especialista en esta materia, en Cataluña hay un millón de viviendas y edificios dudosos de contener amianto, sobre todo en equipamientos públicos y en polígonos industriales.

El municipio de Badia del Vallès es uno de los municipios más afectados por la presencia de este material por cápita de toda Europa, mientras en Barcelona existen escuelas afectadas en las que se está realizando el desamiantado sin los requerimientos técnicos adecuados, según se ha denunciado en la rueda de prensa.