Los socios de la nueva funeraria comarcal que se impulsa desde Reus (Tarragona), la primera supramunicipal de España, comienzan a validar el proyecto entre sombras sobre su legalidad. Los ayuntamientos de Salou, Vila-seca y Constantí inician hoy los plenos para aprobar la iniciativa pese a que ésta arriesga el principio de equilibrio presupuestario de las entidades locales.
El primer ayuntamiento que validará la memoria justificativa de la comisión de estudio del operador público será el de Constantí. Su alcalde, Óscar Sánchez (PSC), ha defendido en conversación con Crónica Global que "los estudios previos de Intervención y de Secretaría confirman la viabilidad del operador". Sánchez ha admitido que Funecamp supondrá un coste extra para el ayuntamiento, pero se trata de un dispendio "que igualmente tenemos que hacer para dar el servicio a la ciudadanía".
Peligro legal
El primer edil del pequeño pueblo de 6.700 habitantes es el único que ha respondido a este medio al ser preguntado. Pere Segura (Junts) y Pere Granados (FUPS) no han respondido. Su silencio deja sin contestar una de las dudas que ha generado el nuevo operador, y es el encaje legal del mismo.
Pere Granados, alcalde de Salou, en una comparecencia pública / Cedida
No en vano, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) derribó en 2021 otro proyecto municipal que quería ocupar espacio en el mercado libre: el de los dentistas. La segunda instancia judicial anuló el dentista municipal impulsado por el gobierno municipal de Ada Colau en Barcelona, argumentando que invadía competencias y que "pone en riesgo" la sostenibilidad económica de la Administración local.
Los ayuntamientos deben tender al equilibrio
Este medio ya avisó del peligro de aquel pronunciamiento judicial sobre otro gran proyecto público del Ayuntamiento de Barcelona que ha terminado en fracaso rotundo: la eléctrica municipal, Barcelona Energia, que ha recabado un número irrisorio de clientes privados. De hecho, el 94% de sus ingresos proceden de la propia Administración local que la creó. Algunos partidos, como Valents, han pedido su cierre.
El trasfondo es conocido: las haciendas locales deben tender al equilibrio presupuestario, tal y como fija la ley 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria, además de otros textos con el mismo rango elevado y, en última instancia, un principio constitucional. Por ello, se apela a menudo al principio de prudencia a la hora de crear empresas públicas de nuevo cuño.
La funeraria de Reus nacerá quebrada
Pese a esas dudas frecuentes, Reus no ha dudado en impulsar la suya. Se llamará FuneCamp y nacerá con los mimbres de la actual empresa municipal de servicios funerarios. Pero ampliará su radio de acción hasta los tres municipios vecinos, prometiendo que gestionará cerca de 1.300 servicios al año.
No obstante, esa cifra ignora a los operadores privados y, también, a la penetración del seguro de decesos, que en la zona del Camp de Tarragona se sitúa en torno al 40% de cobertura. Con estas pólizas, el entierro o cremación queda cubierto por los operadores privados actuales. De hecho, la estimación de servicios anuales no queda justificada en la memoria del proyecto salvo en el municipio de Reus, localidad desde la que nacerá la empresa.
Reus esconde la cuenta de resultados
Más grave si cabe, este último municipio, que gobierna Carles Pellicer (Junts) y que impulsa la funeraria comarcal, esconde la cuenta de resultados de su propia empresa. Grup d'Empreses Municipals de Reus, heredera de la polémica Innova, no aporta los ingresos y gastos completos de su actual funeraria, sino que los incluye sin desglosar en todo el grupo. Con ello, recuerdan desde la oposición municipal, es imposible determinar qué cargas --como amortizaciones o el inmovilizado del cementerio municipal-- irán a la nueva funeraria comarcal.
Imagen del Cementerio de Reus, que carga las cuentas de la funeraria / Cedida
Este punto es importante, porque la viabilidad de la nueva funeraria es algo que los tres otros ayuntamientos implicados, Salou, Vila-seca y Constantí, deben debatir cuando validen esta primera memoria en sus plenos. Se desconoce, pues, qué impacto económico real tendrá el grupo supramunicipal de final de vida en las localidades vecinas.
¿Habrá responsabilidades penales?
Todo ello abre un escenario de incertidumbre legal sobre el nuevo operador. Pese a ello, tres de los cuatro gobiernos municipales impulsores --Reus, Salou y Vila-seca-- han preferido no contestar sobre cómo ven el proyecto. El alcalde de Constantí sí lo ha hecho, asegurando que la iniciativa "dará un mejor servicio a la ciudadanía y, además, más asequible".
El concejal ha reconocido, eso sí, que se han presentado al menos dos alegaciones a la totalidad de la idea, y que los cuatro Ejecutivos locales las tendrán que responder. Tras ello, si se desestiman, se abrirá la vía contenciosa y quizá la penal. No en vano, desde la oposición municipal se recuerda que en caso de hacer dispendios de dinero público no justificados, los funcionarios y cargos electos se podrían enfrentar a posibles delitos de malversación, prevaricación, falsedad contable y dejación de funciones, entre otros.