El expresidente de la Generalitat de Cataluña y ahora eurodiputado de Junts per Catalunya (JxCat), Carles Puigdemont, ha alentado este domingo a los catalanohablantes a "litigar hasta el final" y "presentar demandas" contra las supuestas vulneraciones lingüísticas, que a juicio de los mandatarios nacionalistas y sus entidades subvencionadas afines, se cometen con el catalán en España.
Al igual que éstas, y sin aportar datos, el exdirigente convergente se ha mostrado convencido en Twitter de que "aumentan las vulneraciones de los derechos fundamentales de los catalanoparlantes, ante la indiferencia e inacción de los poderes públicos españoles" y ha animado a quienes hablan catalán a no cambiar de lengua: "Puede parecer que no hay nada que hacer, y que para evitar conflictos y situaciones incómodas es mejor cambiar de lengua. No es así".
"Litigar siempre"
Puigdemont, defensor de la "desjudicialización" en el caso del procés secesionista de Cataluña, se muestra en cambio partidario de "litigar siempre" en cuestión de "derechos fundamentales" como la lengua. Y por ello da un espaldarazo a dos de las entidades secesionistas subvencionadas y afines al Govern: Plataforma per la Llengua --célebre por sus campañas de delación y acoso al castellano en Cataluña-- y Òmnium Cultural, de las que alaba que "tienen expertos y experiencia en defensa de los derechos lingüísticos. Denunciemos en las redes sociales cada vulneración, para hacerla saber, pero sobretodo ejerzamos nuestros derechos de ciudadanos y presentemos demandas estratégicamente orientadas".
Para justificar tales argumentos, el mandatario de Junts per Catalunya equipara la situación de España, donde el catalán es plenamente oficial y legal en Cataluña --y, de hecho, el idioma vehicular de la enseñanza--, con la de Bulgaria, donde según explica, Lyutvi Ahmed Mestan, líder de una formación de la minoría turca, fue multado por hablar en turco en un discurso. Algo que nunca ha ocurrido en la España democrática, a pesar de lo cual Puigdemont añade lo siguiente: "Desde el punto de vista de los españoles [sic], como fue el de las autoridades búlgaras, Mestan incumplió la ley y su castigo estaba justificado". El caso, según Puigdemont, acabó en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que condenó a Bulgaria por "prohibir" el uso de una lengua "bajo la amenaza de sanciones administrativas".