Tres meses ha durado en el cargo. El Govern ha fulminado a la directora general de Función Pública de la Generalitat, Marta Martorell, por el caos en las oposiciones del proceso de estabilización de la ocupación pública temporal en la Administración. Según ha avanzado el Ara, el gobierno de Pere Aragonès comunicó el lunes la decisión de cesarla y, este martes, el Consell Executiu acordará el nombramiento de su sustituto.
La consellera de la Presidencia, Laura Vilagrà, ya anunció el domingo que la Generalitat repetirá los exámenes en los que hubo incidencias el sábado, y aseguró que hubo un "incumplimiento flagrante" de la contratación por parte de la empresa subcontratada para la realización de las pruebas.
Imagen de unas oposiciones de estabilización de plaza de la Generalitat de Cataluña / Cedida
Las oposiciones, un fiasco
El futuro de 13.581 aspirantes sigue en el aire por una caótica organización de la macrooposición planteada por la Generalitat para cubrir las 1.825 plazas de funcionario en Cataluña. Los aspirantes, la mayoría interinos, denunciaron esperas de hasta siete horas para hacer un examen que finalmente fue aplazado, aulas masificadas, problemas de identificación e incluso falta de mobiliario.
El propio Govern reconoció que hubo “incidencias muy graves”, pero se comprometió a repetir las pruebas “en el menor tiempo posible”. Hoy, ha reaccionado cesando a la directora general de Función Pública, Marta Martorell. Además, el Ejecutivo autonómico está analizando si rescinde el contrato a la empresa encargada de gestionar todo el proceso.
Apuntan a la empresa Cegos
Tal y como explicó Crónica Global, la empresa externa de las oposiciones caóticas, Cegos, se ha embolsado 1,5 millones por su trabajo. La Generalitat la eligió pese a que esta firma ya protagonizó unas polémicas pruebas de selección a los bomberos autonómicos que terminaron con un 44% de excluidos y una alud de demandas judiciales. Según se desprende del portal de contratación de la Generalitat, la empresa madrileña se embolsó 1,49 millones de euros por seleccionar a vigilantes de examen e imprimir las pruebas con este contrato público. Según las previsiones, Cegos debía asumir más oposiciones hasta diciembre de 2024, que es cuando finaliza el encargo adjudicado por el Departamento de Presidencia, que comanda Laura Vilagrà (ERC).
La portavoz del Govern, Patrícia Plaja, en una rueda de prensa tras el consell executiu
Sin embargo, la portavoz del Govern Patrícia Plaja ha anunciado que han pedido un informe a los servicios jurídicos de la Generalitat para que Cegos "asuma las consecuencias de las incidencias" y ha avisado de que llegarán hasta el final para que no huyan de sus responsabilidades. En este sentido, ha anunciado que la compañía tenía asignada la realización logística de otros procesos selectivos, pero no permitirán que vuelva a pasar porque se ha demostrado que "no están preparados".
Tres meses en el cargo
El Govern ha intentado zanjar la crisis cesando a la directora general de Función Pública, Marta Martorell, que será sustituida por Anna Maria Molina Cerrato, licenciada en Derecho por la Universitat Pompeu Fabra (2003) y Práctica Jurídica por el Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona (2005). Ha ocupado "distintos puestos de responsabilidad en distintas empresas del sector privado" en el ámbito de los Recursos Humanos y ha ejercido como letrada laboralista en un despacho profesional (1997-2005). También es funcionaria del cuerpo general superior de la Administración desde 2010 y del cuerpo general de la Administración de la Generalitat desde 2005, ocupando distintos puestos en las consejerías de Salud y Presidencia, donde ha ejercido como subdirectora general de Análisis y Planificación Estratégica a la Dirección General de Función Pública.
Por su parte, cabe recordar que Martorell lleva en el cargo desde enero, por lo que ha durado poco más de tres meses. La Generalitat la recolocó como alto cargo con un sueldo de 90.008,98 euros anuales tras perder su cargo al frente del Ayuntamiento de Tiana (Barcelona) donde fue alcaldesa de ERC desde junio de 2019 hasta abril de 2022. Ese mes fue destituida tras la moción de censura conjunta del PSC y Junts per Tiana.
La 'consellera' de la Presidencia del Govern de la Generalitat de Cataluña, Laura Vilagrà, durante la sesión de control de este miércoles / DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS
Un portal web
Por otro lado, la Generalitat ha habilitado un espacio web para recopilar información a través de un formulario en el que los afectados podrán informar de los "errores logísticos que afectaron al proceso" y que estará disponible desde este martes hasta el viernes.
Cabe recordar, además, que los sindicatos criticaron los problemas durante la oposición, y PSC y Junts han pedido la comparecencia de la consellera Vilagrà.