La consellera de Acción Exterior, Meritxell Serret, da por sentado que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) la inhabilitará por su participación en el 1-O. Cabe recordar que Serret formaba parte del gobierno del fugado Carles Puigdemont y será juzgada el próximo miércoles por desobediencia grave al facilitar el referéndum ilegal.
La actual consejera, que estuvo tres años huida en Bruselas tras la DUI del 27 de octubre de 2017, regresó a España el 11 de marzo de 2021 para ponerse a disposición del Tribunal Supremo, que la había procesado por los delitos de malversación y desobediencia pero que, finalmente, en marzo de 2022 acordó enviarla a juicio solo por desobediencia y traspasó el caso al TSJC por ser el órgano competente para juzgarla.
Serret no abandonará la política
En una entrevista este lunes en Cafè d'Idees de Ràdio 4 y La 2, Serret ha dado por sentado que puede ser inhabilitada. No obstante, de cara al futuro, se plantea "nuevas etapas". "No doy las batallas por perdidas, presentaremos la defensa y voy con el trabajo hecho y la conciencia tranquila, pero vistos los antecedentes y las acusaciones de fiscalía, Abogacía del Estado y Vox y demás, pues la inhabilitación, multa, un poco como lo que sufrieron el resto de miembros del Govern. Es lo que no descarto y me mentalizo", ha señalado.
Fachada del Palau de Justícia, sede del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) y de la Audiencia de Barcelona / EUROPA PRESS
Pese a ello, Serret no se plantea abandonar la política en caso de ser inhabilitada, aunque podría apartarse de la primera línea. "La política se puede hacer desde muchos ámbitos y de muchas formas, por lo tanto, me planteo que iré pasando etapas".
Asimismo, ha negado que su vuelta perjudique las causas del resto de líderes independentistas que siguen en el extranjero.
Fiscalía pide un año de inhabilitación y una multa
La que fue consellera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación ha insistido en que "lo que hizo el Govern en 2017 fue obedecer un mandato democrático". "Había un resultado de las urnas con una mayoría parlamentaria y un mandato del Parlament para organizar un referéndum, que según el Código Penal español no es ningún crimen".
Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat, y Meritxell Serret, exconsejera de Agricultura, en Bruselas / EFE
La Fiscalía pide un año de inhabilitación para la exconsellera por facilitar la celebración del referéndum ilegal del 1-O. Se le atribuye un delito de desobediencia grave al Tribunal Constitucional en el marco del proceso independentista de 2017. También se le reclama una multa de 12.000 euros por ayudar a la organización del 1-O.