El sesgo en universidades catalanas llega a Europa: los constitucionalistas acorralan al Gobierno

El Gobierno deberá dar explicaciones sobre el sesgo nacionalista en las universidades catalanas. Ello después de que la comisión de peticiones del Parlamento Europeo haya decidido mandar una carta al Ministerio de Universidades advirtiéndole de la vulneración de los derechos fundamentales de todos los miembros de la comunidad universitaria. 

Además, hará llegar la petición al comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, para que "la tenga en cuenta en el informe del Estado de derecho", ha expresado la presidenta de la comisión, Dolors Montserrat. 

El vicepresidente de Bélgica Didier Reynders / EUROPA PRESS

La neutralidad política de los campus

El sesgo nacionalista en las universidades catalanas ha llegado a la Eurocámara de la mano de Universitarios por la Convivencia. Un grupo de profesores catalanes que tiene como objetivo defender la neutralidad política de los órganos de gobierno de los centros universitarios como garantía del pluralismo político. Su portavoz, Isabel Fernández Alonso, ha denunciado lo que considera "una evidente captura" de los centros "por parte del poder nacionalista". En este sentido, ha llegado llegar a la comisión una serie de evidencias que demuestran la discriminación del constitucionalismo en los campus. 

Isabel Fernández Alonso, profesora de la UAB y miembro de Universitaris per la Convivència

Así, la docente ha denunciadao que la simbología nacionalista haya "ocupado" el espacio público, donde se producen "agresiones a estudiantes constitucionalistas cada vez que intentan llevar a cabo alguna actividad". Entre ellos, el colectivo S'ha Acabat!, que han sufrido varios episodios de acoso con "la connivencia de las autoridades académicas" y sin condenas explícitas de los políticos nacionalistas. 

El manifiesto de 2019 vulnera derechos

A su parecer, las autoridades catalanas quieren imponer "una especie de pensamiento único" en las universidades públicas, lo que es "incompatible" con su misión como académicos. De estos pronunciamientos "partidistas" hay uno significativo: el manifiesto conjunto que llevaron a cabo en 2019 todas las universidades públicas a raíz de la sentencia del Tribunal Supremo que condenaba a los líderes del procés por el referéndum ilegal del 1-O.  Un documento que los rectores presentaron al president de la Generalitat como una especie de "trofeo" y que sirvió para alimentar "una estrategia diseñada políticamente y desde arriba". 

Según Alonso, este tipo de actuaciones han dado lugar a "numerosas sentencias condenatorias de nuestras universidades". Y es que cabe recordar que varias han sido condenadas por vulneración de los derechos fundamentales de los estudiantes. De hecho, recientemente la justicia ha condenado a la Universidad de Barcelona (UB) por aquel manifiesto de 2019 al considerar que se salta "la libertad de expresión e ideológica" al pronunciarse políticamente en nombre de todos sus miembros. 

Críticas al Gobierno de España

Tras las numerosas sentencias judiciales, la portavoz de Universitaris per la Convivencia ha lamentado que en la reciente reforma de la Ley de universidades el Gobierno no haya incorporado "el principio de neutralidad política", sino que lo que ha hecho es añadir una enmienda presentada por nacionalistas que "pretende dar cobertura a estos posicionamientos que han sido declarados ilegales por nuestros tribunales". 

Por todo ello, ha reclamado al Parlamento Europeo que investigue esta "discriminacion por motivos ideológicos" en los campus catalanes, así como la connivencia de las autoridades políticas regionales. 

Pintadas en la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) contra los estudiantes constitucionalistas de S'ha Acabat / TWITTER

Tras el turno de los miembros de la comisión, a excepción de los socialistas y de los independentistas que no han intervenido, la presidenta Dolors Montserrat ha dejado abierta la petición, por lo que la organización podrá seguir aportando evidencias que demuestren el panorama en las universidades catalanas. Además, pondrá el caso en conocimiento del comisario de justicia europeo, Didier Reynders, y mandará una carta al Ejecutivo advirtiéndole que "cese" este tipo de actuaciones.