La Audiencia de Barcelona ha ordenado pedir al CNI información sobre el uso de tecnologías utilizadas supuestamente para hacer seguimientos de políticos independentistas en el llamado caso Pegasus. El tribunal acepta parcialmente el recurso presentado por dos querellantes. Asimismo, cita a declarar a la directora de los servicios de inteligencia españoles, Esperanza Casteleiro.
La Fiscalía rechazó la petición de los dos querellantes al considerar que los indicios que citan "tienen naturaleza periodística" y que se ha acreditado que el malware ha tenido multitud de objetivos en diversos países, jefes de estado o ministros.
Querella
El diputado de ERC en el Parlament Josep Maria Jové y la eurodiputada de la formación Diana Riba presentaron en mayo del año pasado una querella en el juzgado de guardia de Barcelona contra NSO Group y Osy Technologoies, propietaria del software Pegasus, por el también llamado Catalan Gate.
"Consideramos pertinente --indica la Audiencia-- la diligencia relativa a pedir información al CNI sobre la compra de este software y su utilización –aunque limitada a los sres. Jové y Riba- y la toma de declaración de Casteleiro Llamazares como Directora de esta entidad para que informe sobre estos aspectos. Obviamente, si el uso del software se ha hecho conforme a lo que prevé la ley Orgánica 2/2002 este uso no sería ilícito. Dicha ley contempla en un solo artículo que el director del CNI debe pedir autorización judicial al Magistrado del Tribunal Supremo designado, especificando la información que se establece en el apartado. 2 y la duración
que puede tener la medida ingerente inicial como las sucesivas prórrogas".
El juez precisa que es prueba es necesaria "para determinar si la actuación que en su caso se hizo con el spyware se hizo conforme a la legalidad vigente, con los límites legal y con autorización judicial aunque, dado el carácter secreto de estas actuaciones, no se pueda dar más información que la confirmación de haber utilizado este programa".
Pruebas
Los recurrentes habían hecho extensiva la petición de pruebas al expresidente del Parlament y actual consejero de Empresa de la Generalitat, Roger Torrent, y al líder de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona, Ernest Maragall. En concreto, solicitaban como diligencia la investigación sobre el CNI un informe sobre la adquisición del software Pegasus y sobre registro de logos, información o datos vinculados al uso de este programa sobre los teléfonos móviles, ordenadores o tabletas de los cuatro políticos republicanos.